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El Diario de Cantabria

Decretan apertura juicio oral para ex cargos de Gobierno regional acusados de prevaricación

El presidente insistió en que solo los reconocía de vista y que no sabía si habían dejado sus puestos por temas personales o por no hacer las cosas bien

El presidente insistió en que solo los reconocía de vista y que no sabía si habían dejado sus puestos por temas personales o por no hacer las cosas bien.
El presidente insistió en que solo los reconocía de vista y que no sabía si habían dejado sus puestos por temas personales o por no hacer las cosas bien.
Decretan apertura juicio oral para ex cargos de Gobierno regional acusados de prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha decretado la apertura de juicio oral para los dos ex altos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a los que se ha investigado por presunta prevaricación en unas contrataciones de este organismo sanitario.

En este causa, la juez consideró al final de la instrucción que había indicios de que estas personas fraccionaron contratos para eludir la publicidad y la concurrencia que establece la ley, un criterio que ha respaldado la Audiencia de Cantabria, tras resolver los recursos planteados por los investigados.

Según el auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Efe, el órgano que juzgará a estos dos ex altos cargos es la Audiencia Provincial de Cantabria y se ratifican las medidas cautelares adoptadas en la instrucción.

Una vez que se dicta este auto de apertura de juicio oral resta que la Audiencia de Cantabria ponga la fecha para que se celebre la vista oral.

En esta causa, la Fiscalía atribuye a quien fue subdirector de Gestión Económica del SCS, Francisco Javier González, un delito continuado de prevaricación administrativa, y solicita para él la pena de 14 años de inhabilitación para ejercicio de cargo o empleo público.

Y considera que el otro investigado, Alejandro Rojo, quien fue director de la Gerencia de Atención Primaria, cometió un presunto delito de prevaricación administrativa, por lo que pide para él 11 años de inhabilitación para ejercicio de cargo o empleo público.

El PP, por su parte, comparte que los hechos constituyen un delito continuado de prevaricación administrativa, pero pide una pena de prisión más elevada, de 15 años para cada uno.

En el auto que puso fin a la instrucción de este procedimiento se explicaba que, a instancias del subdirector de Gestión Económica, la gerencia de Atención Primaria del SCS contrató a un asesor, y que para eludir el procedimiento legalmente establecido se tramitaron 5 contratos menores: 3 encargados a esa persona y 2 a nombre de su hija.

Así, se evitó la publicidad de los contratos y la libre concurrencia, pese a que los pagos globales que generaron fueron de 84.619 euros.

El auto también recogía que, a propuesta del que era subdirector de Gestión Económica y con la firma del entonces gerente de Atención Primaria, se contrató a unas empresas para hacer obras de reparación, mantenimiento y conservación en varios centros de salud.

Y en este caso de nuevo se produjo, presuntamente, el fraccionamiento del objeto del contrato, según el auto del Juzgado de Instrucción, y también en la compra de unos ecógrafos.

Esta causa fue denunciada ante la Fiscalía por IU y después por el PP, que es el que está personado como acusación en el procedimiento. 

Decretan apertura juicio oral para ex cargos de Gobierno regional acusados de prevaricación
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