La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha lamentado que doce años después se le ha presentado prácticamente el mismo plan de derribos y ha criticado que en dos décadas el problema de las viviendas con sentencias de demolición firme no se haya solucionado en Cantabria.

Este jueves se ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del nuevo plan de derribos de Cantabria que estará dotado con 23 millones de euros para los próximo cuatro años y, posteriormente, ha sido presentado el documento por el consejero de Urbanismo, José Luis Gochicoa, al Tribunal Superior de Justicia y a la asociación AMA.

"Es el plan que después de doce años se ha corregido en 2020", ha dicho a Efe Vilela, que ha remarcado que, "después de una década", AMA está recibiendo "la misma información que en 2008, cuando el consejero era José María Mazón". "Ya es triste que no se haya visto una solución a los afectados en veinte años", ha abundado.

La asociación cree que el presupuesto del plan de derribos "se queda corto" y ha lamentado que en la situación actual, "y sobre todo con la crisis que se avecina", se "dilapiden" recursos públicos en derribos si no son necesarios.

Los afectados quieren que se cumpla la legalidad, sea por los derribos o por la vía de la regulación de las casas donde sea posible, y bien con indemnizaciones o con demoliciones.

AMA va pedir al Gobierno medidas legislativas porque "esto no puede seguir así".

Vilela ha insistido en que la tramitación de un plan general "no puede durar veinte años" y ha advertido de que es necesario que el Gobierno asuma "parte de la responsabilidad" en los municipios con pocos recursos. "Hay ayuntamientos que tienen una situación mucho más delicada", ha recalcado.

AMA cree además que el Ejecutivo podría asumir las competencias de urbanismo en esos casos.

Gochicoa, por su parte, ha destacado que el objetivo del plan de derribos actualizado es "ejecutar sentencias".

El consejero ha dicho que el objetivo principal del plan es cumplir las órdenes judiciales y "dar solución definitiva" al tema de los derribos esta legislatura.

Además, según ha recordado el consejero, la ejecución del plan va en paralelo con la redacción y aprobación de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) que están ahora mismo en marcha.

"Hoy es un día importante porque es un compromiso que el gobierno adquirió con el Tribunal Superior de Justicia y con AMA (Asociación de Maltratados por la Administración) y es un compromiso cumplido en el día de hoy", ha reiterado el consejero, que ha recordado que este documento tenía que haber salido adelante en marzo, pero se retrasó por el estado de alarma a causa del coronavirus.

Casi la mitad de los 23 millones de euros va destinada a viviendas de sustitución y la otra mitad a indemnizaciones a propietarios que no opten a esas viviendas o que no sea posible porque ese tipo de viviendas fueran imposibles de ejecutar.

Además, el fondo de derribos ya aprobado e incluido en la ley de Régimen Jurídico de la Administración, que fue modificada al respecto, "permite asegurar ese cumplimiento". Y en el caso de que algún año las cantidades no se puedan liquidar, podrían destinarse al año siguiente, ha especificado José Luis Gochicoa.

Este documento ha sido firmado tanto por el Gobierno regional como por todos los ayuntamientos implicados para poder comenzar con aquellas viviendas que no se pueden legalizar en base a sus planeamientos urbanísticos, actualmente en tramitación, y que este Gobierno está trabajando para que puedan aprobarlos los antes posible.