Un crimen anunciado: el juicio por los asesinatos de Liaño expone fallos críticos en el sistema estatal
Meses de amenazas, órdenes de alejamiento incumplidas y un último mensaje desesperado que nadie atendió
José Reñones, en el banquillo por el asesinato de su expareja y su hija de 11 meses
El doble asesinato de Liaño , en el que José R. está acusado de asesinar a su expareja ya su hija de una vez meses en diciembre de 2021, no fue un acto impulsivo ni un crimen pasional. Fue un asesinato anunciado. Cada advertencia estaba escrita en mensajes de WhatsApp, cada amenaza documentada, cada alerta ignorada.
El juicio, que ha comenzado esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria , no solo busca determinar la culpabilidad del acusado, sino que también pone en el banquillo a un sistema que falló en proteger a una mujer ya su hija de una muerte previsible . La Fiscalía ha sido clara en su exposición inicial: este crimen fue premeditado, ejecutado con brutalidad y, lo más alarmante, evitable .
Un historial de violencia y amenazas específicas.
Las pruebas presentadas ante el jurado popular son difíciles de refutar. José R. dejó un rastro de mensajes de texto y audios que evidencian su desprecio por la madre de su hija y, aún más, por la propia niña.
Uno de los mensajes más escalofriantes enviados por el acusado meses antes del crimen decía:
"No la quiero. La odio. Quiero verla muerta."
Refiriéndose a la niña, José R. usaba términos como "escoria", "mongólica", "bicho", "veneno asqueroso" y "puta basura". En otra conversación, le confesó a su expareja que, si pudiera pedir un solo deseo, no sería dinero ni éxito, sino "que la niña desapareciera" .
El tribunal ha escuchado audios en los que el acusado amenazaba con apuñalar a la niña y envenenar su biberón :
"Cualquier día voy a poner veneno para ratas en el biberón de la niña."
Lo más perturbador es que su expareja ya anticipaba su propio destino. En una de sus respuestas al acusado, le escribió:
"Antes de que mates a la niña, voy yo por delante. Mátame a mí, mátame ahora."
Lo que parecía una advertencia desesperada se convirtió en una premonición macabra .
Órdenes de alejamiento ignoradas y un sistema ineficaz
El día del crimen, José R. violó la orden de alejamiento en dos ocasiones . No era la primera vez. La víctima había denunciado previamente que el hombre la acosaba, la amenazaba y la sometía a un constante estado de terror psicológico .
Sin embargo, las órdenes de alejamiento en España siguen siendo poco más que un papel sin mecanismos efectivos de vigilancia . En países como Estados Unidos, el incumplimiento de una orden de alejamiento puede resultar en un arresto inmediato y una supervisión más estricta del agresor. En este caso, la violación de la orden no tuvo consecuencias, y el resultado fue letal.
Semanas antes del crimen, el acusado intentó reconciliarse con su expareja, mostrándose arrepentido. Ella accedió a darle otra oportunidad y le permitió regresar a casa. Pero pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Le confesó a su prima:
"La he cagado: el diablo ha vuelto. Si mañana no doy señales de vida, avisa a la Guardia Civil".
Ese mensaje debía haber sido una llamada de emergencia , pero nadie actuó . Dos días después, la mujer y su hija fueron asesinadas.
Prisión permanente revisable: un juicio clave para Cantabria
La Fiscalía ha solicitado la prisión permanente revisable , la pena más severa en el Código Penal español. En Cantabria, este castigo nunca ha sido impuesto. Sin embargo, la brutalidad del crimen y la premeditación parecen encajar en los criterios que justifican esta condena .
Desde un punto de vista legal, el caso plantea un debate sobre la efectividad de las penas y las medidas de prevención . La defensa intentará argumentar que José R. no tenía intención de matar a la niña y que su estado emocional debe ser considerado como un atenuante. Sin embargo, los mensajes y pruebas presentadas en el juicio hacen difícil sostener esa narrativa .
Un veredicto que marcará un precedente
El juicio se extenderá durante varias jornadas, con testigos, peritos y expertos en psicología forense. El 19 de febrero, el jurado popular se retirará a deliberar, y Cantabria esperará un veredicto que podría sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género.
Más allá de la sentencia, este caso deja una pregunta en el aire: ¿cuántos más morirán antes de que las autoridades actúen con contundencia?
