Así lo ha advertido en un comunicado la patronal regional del sector, que ha señalado que algunas empresas de la comunidad autónoma están ya empezando a acumular demoras en el desarrollo y entrega de trabajos -de obra civil y en edificación también- y algunas se ven incluso obligadas a paralizarlos.

Y esto se está produciendo, ha alertado la ACP, a las puertas de la llegada de los fondos europeos de recuperación y de los que Cantabria opta a recibir solo en ayudas a la rehabilitación de viviendas más de 62 millones de euros en tres años.

Según ha explicado, los retrasos en las obras son consecuencia asimismo del que se viene registrando en la llegada de materiales por el problema de distribución y abastecimiento a nivel global.

La ACP propone derogar la Ley Reguladora de Desindexación en Materia de Contratación Pública y el restablecimiento del sistema de cláusulas de revisión de precios en los contratos públicos, dado que «los vigentes no se corresponden con los del momento en el que se presentó la oferta». También plantea actuar con urgencia en obras en marcha, habilitando una norma especial y excepcional que permita resolver esta situación mientras persista la inflación. En cuanto a los nuevos contratos, la patronal del sector pide incorporar, con carácter obligatorio, los mecanismos de revisión de precios recogidos en la regulación en todos los pliegos de contratación.

La ocupación en este sector ha caído casi un 50% desde 2008: «Desconocemos a qué puede deberse, pero nos afecta en el retraso de las obras en curso y en la renuncia a otras», asegura Maxi Sáinz, gerente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria.

La regulación no permite avanzar ágilmente: «Es un problema de país no de sector»

Los constructores, que han visto cómo la crisis de la covid-19 ha pasado de puntillas por su sector, especialmente el residencial, temen ahora que la confluencia de estos factores retrase o paralice la ejecución de obras y suponga un frenazo a su actividad.  Según los datos que maneja la Confederación Nacional de la Construcción, la subida del precio de los materiales ha encarecido el coste total de las obras en un 22,2% de media y esto ha llevado a que cuatro de cada diez empresas se hayan visto obligadas a cancelar o paralizar sus trabajos.

«No existe ningún indicio de que el encarecimiento de las materias primas esté parando y la preocupación en el sector va en aumento». Así lo asegura el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, que denuncia que la regulación actual no permite al sector tener una capacidad de reacción ágil ante esta situación.

La patronal considera que el Gobierno debería modificar la regulación para establecer «un sistema automático de reequilibrio que permita hacer frente a ese sobrecoste y, por tanto, tenga en cuenta las alteraciones de precios posteriores a la presentación de ofertas, tanto al alza como a la baja, buscando dotar de estabilidad al contrato».

No obstante, CNC ha trabajado en diversos modelos que facilitan la realización de reclamaciones por parte de las constructoras hacia la Administración o el promotor del proyecto. De esta manera, cualquier compañía afectada por el incremento inusual del precio de las materias primas podrá solicitar al contratante la ampliación de plazo, la modificación del contrato o la indemnización por ruptura del equilibrio económico contractual.

Peones, albañiles, encofradores, gruistas o jefes de obra son algunos de los profesionales que necesita el mercado, que emplea actualmente a 1,3 millones de personas y que requerirá de otros 700.000 trabajadores en el corto y medio plazo gracias a la llegada de los fondos de recuperación.