El Tribunal Constitucional se encuentra en el proceso de elaboración de un informe que sienta las bases para una posible anulación de la sentencia en el caso ERE. Este movimiento judicial se basa en la asunción de la argumentación legal presentada por los 12 condenados en este caso, que incluye a destacados exfuncionarios, entre ellos los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Si esta línea de argumentación es respaldada, el Gobierno de Pedro Sánchez podría evitar la necesidad de tramitar los indultos que la mayoría de los condenados ha solicitado.

A principios del mes de junio, el Tribunal Constitucional aceptó los recursos interpuestos por los condenados y, según informa The Objective, estaría en proceso de preparar un informe que sienta las bases para la anulación de las penas impuestas. Esto incluiría la pena de seis años y dos días de prisión, así como la inhabilitación absoluta por 15 años y dos días de José Antonio Griñán, quien ocupó cargos como consejero de Economía y presidente de la Junta de Andalucía. Asimismo, se considera la anulación de la condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación impuesta a Manuel Chaves.

Aunque el informe actualmente en desarrollo no tiene consecuencias jurídicas inmediatas, plantea una argumentación sólida. El Tribunal Constitucional, bajo la presidencia de Cándido Conde Pumpido, señala que la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Sevilla y confirmada por el Tribunal Supremo plantea un "problema relativo a una faceta de derecho fundamental que afectaría al artículo 25 de la Constitución Española y sobre el que no existiría doctrina constitucional". La base de este planteamiento se centra en la argumentación de los abogados de los acusados, quienes argumentaron que la aprobación de un anteproyecto de Ley de Presupuestos y su envío a las asambleas autonómicas no constituye un acto administrativo, sino el primer paso en la fase "prelegislativa".

De esta manera, se argumenta que los acuerdos tomados por el Consejo de Gobierno y las posteriores modificaciones presupuestarias no deben considerarse actos administrativos, sino decisiones políticas. Esta perspectiva, si es respaldada por el Tribunal Constitucional, podría llevar a la anulación de todo el proceso judicial y la sentencia condenatoria.