La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández, ha asegurado que el procedimiento del concurso de los puestos de la Consejería de Economía que se adjudicaron a María Sánchez y María González ha sido «legal, imparcial y transparente» por parte de su departamento.

Fernández ha asegurado que desde la Dirección General de Función Pública que depende de su Consejería se desconoce quién va a concurrir a los puestos, por lo que se ha actuado «con imparcialidad» a la hora de aprobar los méritos a valorar en el concurso.

Así ha respondido la consejera en el Pleno del Parlamento de este lunes a una interpelación del diputado de Ciudadanos (Cs) Félix Álvarez, que insiste en que hay «claros indicios de prevaricación» por parte de la exconsejera de Economía, María Sánchez, y de la exsecretaria general de este departamento, María González, puesto que cuando estaban en estos cargos «se crearon» dos nuevos puestos en la estructura de la Intervención General con unos requisitos que «solo cumplían ellas».

Álvarez, que ya ha llevado en varias ocasiones el asunto al Parlamento, ha reiterado que existe «un cúmulo de indicios» de que usaron su cargo para «beneficiarse de los nuevos puestos». Y aunque entiende que desde Función Pública se pasara por alto al aprobarse el concurso de méritos porque «no resulta llamativo» hasta que se comprueba «a quién se adjudica ese sueldo Nescafé», cree que, ahora que se sabe, el Gobierno debería abrir una investigación.

Así, ha advertido que, de lo contrario, su grupo esperará a recibir todos los expedientes del proceso -lo que ha fechado en el 15 de junio- para decidir si lleva el asunto a los tribunales.

Álvarez asegura que los méritos que se establecieron en el concurso de esas dos plazas coinciden «de forma más que sospechosa» con la trayectoria profesional de ‘las Marías’ -como se refiere la oposición a María Sánchez y María González- pero, pr el contrario, la consejera de Presidencia ha respondido que ninguno de los méritos «son de exclusivo cumplimiento por una persona» y son «lógicos» para los puestos.

Además, ha dicho que desde su departamento «no valoramos el comportamiento moral o ético de otros. No hacemos juicios de moralidad. Hacemos expedientes en base a la ley», por lo que ha instado a Álvarez a que pregunte a quien cree que ha tenido ese comportamiento. «Le aseguro que la responsable de Función Pública no ha sido», ha zanjado.

Fernánez ha remarcado que todas las plazas públicas que se han gestionado en esta legislatura se han resuelto con el mismo procedimiento y por parte de los funcionarios de Función Pública, cuyo trabajo ha puesto en valor porque son «escasos» y están tramitando «muchísimas cosas» en este periodo.