La juez exige al Ayuntamiento y al Gobierno de Sánchez los informes del puente de El Bocal
La investigación judicial sobre el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, que el pasado martes provocó seis muertos y una joven herida, empieza a centrarse en la gestión y el mantenimiento de la infraestructura. La magistrada encargada del caso ha reclamado toda la documentación técnica y administrativa sobre el puente tanto al Ayuntamiento de Santander como a la Dirección General de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, según publica El País.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Santander ha ordenado esta diligencia después de recibir un “minucioso y detallado” atestado policial elaborado por la Policía Nacional, en el que se recogen los primeros indicios sobre las circunstancias del colapso de la estructura de madera situada en la senda costera de El Bocal.
El objetivo de la jueza es determinar qué administración tenía la responsabilidad sobre el mantenimiento de la pasarela y si existían informes técnicos o advertencias previas sobre su estado de conservación.
Reclamación de expedientes y documentación técnica
La magistrada ha requerido a ambas administraciones que remitan al juzgado los expedientes administrativos completos relacionados con la ejecución y construcción de la senda costera donde se encontraba la pasarela derrumbada.
En concreto, el Ayuntamiento de Santander y el organismo estatal dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica deberán aportar:
-
El proyecto de ejecución y construcción de la infraestructura.
-
Los informes técnicos disponibles.
-
Toda la documentación relativa al mantenimiento, conservación o posibles reparaciones del puente.
Con estos documentos, la instructora pretende esclarecer si la estructura presentaba problemas conocidos previamente y si las administraciones responsables adoptaron o no medidas para evitar riesgos.
Un aviso ignorado 24 horas antes del derrumbe
La investigación judicial también analiza un dato especialmente relevante: un aviso recibido apenas un día antes de la tragedia. Según explicó la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), una llamada al 112 alertó de que la pasarela “se cimbreaba” y podía resultar peligrosa.
El aviso fue trasladado a la Policía Local, pero no se activó ninguna actuación posterior. Por este motivo, la jueza ha citado como investigada a una agente de la Policía Local, que deberá explicar por qué no dio curso a la alerta.
La magistrada también ha citado como testigo a la operadora del 112 que recibió la llamada del vecino que alertó del estado de la pasarela, así como a Fernando Cabellos, el residente del núcleo de Monte que realizó el aviso, según publica El País.
Declaraciones clave el 27 de marzo
La instructora ha fijado para el 27 de marzo la comparecencia de varios testigos y de la agente investigada.
Ese día deberán declarar:
-
La agente de Policía Local investigada por la gestión del aviso.
-
El vecino que alertó al 112 del mal estado del puente.
-
Dos ciclistas que fueron quienes alertaron de que la pasarela se había desplomado.
-
Dos agentes de la Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.
Estas declaraciones servirán para reconstruir la cadena de avisos y decisiones que precedieron al derrumbe de la estructura.
La pasarela seguirá precintada
La magistrada también ha ordenado que se mantengan los precintos policiales y que se instalen barreras físicas para impedir el acceso al lugar del accidente.
Además, ha requerido expresamente tanto al Ayuntamiento como a Costas que se abstengan de manipular o alterar la estructura derruida, ya que constituye una pieza clave para los peritajes técnicos que deberán determinar las causas del colapso.
Los especialistas analizarán ahora el estado de la madera, la estructura de soporte y el posible deterioro acumulado, elementos que podrían revelar si el desplome se debió a falta de mantenimiento, defectos estructurales o un deterioro progresivo no corregido.
Los familiares podrán personarse en la causa
El juzgado también ha ofrecido a los familiares de las seis víctimas mortales y a la joven que sobrevivió al accidente la posibilidad de personarse como parte en el procedimiento judicial.
Las diligencias se apoyan en el informe elaborado por el Grupo Tercero de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Judicial y por la Brigada Provincial de Policía Científica, que realizaron las primeras investigaciones tras la tragedia.
Mientras avanzan las pesquisas, la causa tratará de esclarecer si el derrumbe fue consecuencia de un fallo estructural inevitable o si, por el contrario, existieron avisos e informes ignorados que pudieron haber evitado una tragedia que ha conmocionado a Santander.
