El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, señala que los órganos judiciales están tratando de adaptarse a la nueva situación generada por la COVID y que en esta región prácticamente se ha absorbido el retraso del estado de alarma, aunque «no se sabe qué vendrá a partir de ahora». Hace una semana el Consejo General del Poder Judicial determinó que López del Moral revalida el cargo y volverá estar al frente del Tribunal Superior de Justicia Cantabria en un segundo mandato de cinco años.

Pero lo cierto es que este magistrado afronta esa responsabilidad en una situación muy distinta de cuando lo hizo en 2015, con una Administración de Justicia que, como ocurre en otros ámbitos, suma la adaptación a la pandemia a sus quehaceres y problemas habituales. López del Moral se ha presentado a la reelección con un programa continuista y con la idea de que buena parte de los deberes que se puso hace cinco años se han cumplido, explica en una entrevista con Efe.

Como temas pendientes, además de la «letanía» de la petición de que se creen nuevos órganos judiciales en Cantabria, que es una demanda que se repite año a año en la Memoria Judicial, y la reclamación de nuevas plazas de magistrados en la Audiencia, está la necesidad de que se mejore algún servicio.

Y en este sentido apunta a algunas cuestiones que ya están en estudio, como la mejora de los medios y espacios para la asistencia a las víctimas y la culminación del proceso de digitalización del expediente judicial para completar la integración de todos los actos. Pero sin duda uno de los grandes retos que afronta la Justicia, que no es ajena al contexto social, es la adaptación a la pandemia y sus nuevas exigencias. Uno de los principales problemas a los que están teniendo que enfrentarse los juzgados y tribunales es que no se pueden señalar todos los juicios y vistas que sería deseable por razones de aforo.

«No se pueden utilizar todas las salas de vistas, tienen que estar ventiladas y las pequeñas dan problemas porque con determinados juicios no se pueden celebrar ahí por razones de aforo», apunta López del Moral.

Si bien precisa que muchas actuaciones se han podido agilizar gracias al teletrabajo, la videoconferencia o los medios telemáticos.Y en cuanto a la carga de trabajo que se acumuló en los meses de estado de alarma, López del Moral asegura que prácticamente se ha absorbido ya a estas alturas. El incremento de litigiosidad que se intuye que llegará en la jurisdicción Social todavía no se ha apreciado, según sus datos, aunque López del Moral avisa de que no se sabe qué va a llegar y de que la Justicia «tendrá que reaccionar con los medios que tiene».

La Administración de Justicia, según destaca el presidente del Tribunal Superior de Cantabria, está «eminentemente pensada para una actividad presencial» y por eso ahora, con la COVID-19, la respuesta ha de ser «necesariamente distinta».

Pero las plantillas están trabajando «al completo» y se están poniendo los medios para tratar de solventar las incidencias, resalta López del Moral.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria admite las «dificultades» que se dan con determinadas resoluciones de recursos contra restricciones administrativas por la COVID, pero subraya que la Justicia «tiene sus tiempos» pese a la celeridad de respuesta que se demanda.

Las restricciones sanitarias establecidas por la Administración contra la COVID han originado recursos en distintos ámbitos que ha recibido la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia.

El ocio nocturno ya planteó un recurso contra su cierre en el que se rechazó la suspensión cautelar, la hostelería anuncia que pleiteará contra las nuevas restricciones del Gobierno y esta semana la Sala de lo Contencioso echó atrás la eliminación de vacaciones escolares que el Ejecutivo determinó para evitar la movilidad y tratar de evitar posibles contagios.

Ratificación y control. López del Moral destaca que la Justicia, según la legislación vigente, «siempre ha tenido una función de ratificación y de control de medidas que adopta la Administración».

«Eso es algo que realmente es complicado porque el control de la Administración siempre se hace con parámetros de valoración si la actividad administrativa es conforme a la legalidad o no, y en estos supuestos hay que hacerlo con cierta celeridad», dice López del Moral.

Esa celeridad que se precisa «a veces no es compatible con el volumen de estudio que exige el tomar una decisión». «Y eso lógicamente genera dificultades como está ocurriendo, que determinadas decisiones se impugnan, no sé, a las doce de la noche de un viernes y eso a lo mejor hasta el lunes por la mañana no se recibe en el órgano judicial», subraya este magistrado.

Y añade que «situaciones de este tipo se están dando», si bien el papel de la Justicia «es el que tiene: por un lado resolver conflictos y por otro controlar la legalidad, siempre desde la perspectiva de la protección de los derechos de los ciudadanos».

«Y eso yo creo que es lo que se está haciendo, y como digo con dificultad», asevera. Señala también que «la situación de premura de tiempo» no es algo que «impongan las administraciones», sino que esa necesidad de capacidad de respuesta rápida «es por la propia situación».

«Pero claro la Justicia tiene sus tiempos», advierte, antes de abundar en que esos «tiempos» no son «por otro motivo que el que la decisión tiene que estar fundamentada en derecho» y porque «hay que estudiar bien si se reúnen los requisitos o no».