«Cantabria tiene un problema que es Sánchez»

El Pleno del Parlamento de Cantabria aprobó este lunes una iniciativa que expresa el rechazo de la Cámara autonómica al nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas planteado por el Gobierno de España. La propuesta salió adelante con 24 votos a favor y 11 abstenciones, sin registrarse votos en contra, durante el primer pleno del periodo de sesiones de 2026.

La iniciativa, presentada en forma de proposición no de ley por el Grupo Popular, contó con el respaldo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y del diputado no adscrito Cristóbal Palacio. Por su parte, los grupos Socialista y Vox optaron por la abstención, permitiendo la aprobación del texto con una mayoría suficiente.

Durante el debate parlamentario, el PP aceptó una enmienda del PRC que introduce la necesidad de que las aportaciones al sistema de financiación autonómica se negocien con carácter multilateral, rechazando en cambio una enmienda del PSOE que proponía instar al Gobierno central a negociar mejoras sobre el modelo planteado.

El diputado popular Íñigo Fernández defendió la posición de su grupo afirmando que «no nos vale el modelo, ni por cómo se ha planteado ni por cómo se ha negociado». A su juicio, no existe margen para una mejora porque el planteamiento parte de un error de fondo. Fernández criticó duramente el procedimiento seguido por el Ejecutivo central, aludiendo a los acuerdos alcanzados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras.

Según el diputado del PP, el nuevo modelo implica que «con el dinero de todos se compra el voto de los partidos independentistas» y contempla una transferencia anual de 4.600 millones de euros adicionales a Cataluña, mientras que Cantabria no recibiría ningún incremento. En este sentido, denunció que el reparto resulta perjudicial para la comunidad autónoma cántabra y rompe el principio de equilibrio territorial.

Fernández subrayó además que el rechazo al modelo no es un caso aislado, ya que, según indicó, hasta 15 comunidades autónomas han manifestado su oposición, incluidas varias gobernadas por el Partido Socialista. En un tono especialmente crítico, afirmó que «España tiene un problema que es Pedro Sánchez y Cantabria tiene un problema que es Pedro Sánchez».

Desde el PRC, la diputada Paula Fernández defendió la necesidad de preservar la posición de Cantabria en el sistema de financiación y recalcó que el coste efectivo de los servicios públicos debe ser un criterio central en cualquier reforma. La parlamentaria regionalista expresó su malestar por el método utilizado para negociar el nuevo modelo y calificó de inaceptable que «una cuestión que afecta a todas las comunidades se negocie en privado con un solo territorio».

Fernández afirmó que el planteamiento resulta «malo para Cantabria, desigualitario, injusto y contrario al principio de solidaridad», recordando que la región ya sufre infrafinanciación y necesita un modelo que refleje el coste real de prestar servicios en una comunidad con características propias como el envejecimiento poblacional y la dispersión territorial.

Por parte del PSOE, el diputado Mario Iglesias reprochó al PP su discurso y les acusó de «engañar a la ciudadanía» y de centrar el debate únicamente en Cataluña. Según Iglesias, los datos del Ministerio reflejan que Andalucía, gobernada por el PP, sería la comunidad que más financiación recibiría, mientras que los mayores incrementos se producirían en la Comunidad Valenciana y Murcia, también bajo gobiernos populares.

Iglesias lamentó que no se aceptaran las enmiendas socialistas, cuyo objetivo —según explicó— era alcanzar una posición común del Parlamento para defender los intereses de Cantabria desde la unidad institucional. A su juicio, el rechazo responde a una estrategia de confrontación política con el Gobierno central.

Desde Vox, su portavoz Leticia Díaz advirtió de que el nuevo modelo fomenta una España de ciudadanos de primera y de segunda y denunció que se trata de un sistema de gasto creciente sin control, que liquida la solidaridad interterritorial. Vox presentó una iniciativa para repudiar el acuerdo con ERC y renunciar a la reforma del sistema, que fue rechazada por el resto de grupos.

El debate evidenció profundas discrepancias políticas, aunque la Cámara cerró la sesión con una posición clara: el rechazo mayoritario del Parlamento de Cantabria a un modelo de financiación que considera injusto, opaco y perjudicial para los intereses de la comunidad.