Cantabria será a partir de hoy, si el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) permite las medidas impuestas por el Gobierno, la única comunidad de España que tendrá los interiores de la hostelería cerrados hasta nuevo aviso. La región sigue sufriendo las medidas del Gobierno, que junto a Cataluña, son las dos únicas comunidades con toque de queda avalado por sus Tribunales respectivos.

Si el TSJC avala esta decisión, Cantabria será la única comunidad con las mayores restricciones impuestas tras el levantamiento del Estado de Alarma. Por otro lado, Gobierno Central y comunidades, se reúnen con las diferencias de criterio respecto al uso del certificado covid para acceder al interior de algunos establecimientos y el debate abierto por la petición de más vacunas en un momento en el que España lidera la campaña mundial.

Las tres informaciones que incluye el certificado -vacunación, pruebas y si la persona ha pasado la enfermedad- son las que tiene el Servicio Cántabro de Salud de cada paciente de la comunidad autónoma. En Cantabria hay solo cuatro o cinco laboratorios que hacen PCR y pruebas de antígenos que se validan para viajar, y que ya se han puesto en contacto con Sanidad para poder facilitar los datos e incluirlos en el certificado covid.

Dos comunidades, Canarias y Galicia, ya piden tener la pauta completa de vacunación o una prueba negativa para poder entrar a los establecimientos de hostelería en los municipios o zonas de alta incidencia, una alternativa que también han adoptado algunos países europeos. Pero mientras en estas dos autonomías es ya un hecho, otras lo rechazan de plano: esta medida se ha descartado por el Govern catalán para evitar «perjudicar» a quienes aún no han recibido la vacuna.

De la misma forma, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no ve «oportuno» ni «correcto» que se aplique la opción de pedir el certificado hasta que no se haya dado la posibilidad de vacunación a toda la población. «Hay que verlo desde una perspectiva de equidad, de igualdad de las personas», ha destacado Puig, quien ha agregado que es una cuestión que hay que analizar de una manera «serena, tranquila», y viendo «todas las fortalezas y debilidades de esta opción».

Otra comunidad que no lo contempla es Madrid, que «de momento» no prevé solicitar ningún documento en hostelería o lugares de ocio, pero ha exigido al Ministerio de Sanidad que «por una vez ejerza labores de coordinación» para su aplicación. En esa misma línea se manifestó Castilla-La Mancha, cuya portavoz, Blanca Fernández, afirmó que esta medida debe adoptarse en el marco nacional, porque «si no, volvemos locos a los ciudadanos y a los turistas».