Cantabria registra más de 1.200 viviendas turísticas ilegales

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha comunicado a las plataformas ‘on line’ la existencia de 1.207 viviendas turísticas y temporales que operan de forma ilegal en Cantabria y ha solicitado la retirada de los anuncios asociados a estos inmuebles. Esta actuación se enmarca dentro del proceso de implantación y control del registro único de alquileres de corta duración, establecido en aplicación de la normativa europea que regula este tipo de alojamientos.

Según la información facilitada por el ministerio, estas viviendas detectadas en Cantabria habrían solicitado el número de registro obligatorio para poder ser comercializadas legalmente como alojamientos turísticos o de temporada, pero no lo han obtenido al no cumplir con los requisitos exigidos. Como consecuencia, los anuncios correspondientes a estos inmuebles deben ser retirados de las plataformas digitales en las que estén publicados.

La notificación realizada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana implica una obligación directa para las plataformas ‘on line’, que deben proceder a la retirada de los anuncios una vez reciben la comunicación oficial. Esta obligación afecta a todos los anuncios vinculados a viviendas sin registro válido, con independencia de que un mismo inmueble esté ofertado simultáneamente en varias plataformas de comercialización digital.

A nivel nacional, el ministerio ha contabilizado un total de 86.275 viviendas que solicitaron el número de registro de alquiler de corta duración pero cuya solicitud fue denegada. Estas denegaciones se produjeron tras comprobarse que los solicitantes no cumplían las condiciones establecidas para la obtención del código obligatorio, de acuerdo con los criterios definidos en la normativa vigente.

El registro único de alquileres de corta duración es una exigencia derivada de la normativa europea y tiene como objetivo establecer un sistema común de control y supervisión de las viviendas destinadas a usos turísticos y de temporada. Este sistema permite a las administraciones públicas disponer de información centralizada sobre los inmuebles que se comercializan bajo esta modalidad y facilita la detección de aquellos que no cumplen los requisitos legales.

Desde el pasado mes de julio, el número de registro es obligatorio para todas las viviendas que se ofertan como alquileres de corta duración. Dicho código es otorgado por los Registradores de la Propiedad y se incorpora a una base de datos compartida con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este mecanismo permite cruzar datos y verificar si los anuncios publicados cuentan con el registro exigido.

Una vez que el ministerio detecta viviendas que carecen de registro válido o cuya solicitud ha sido rechazada, se inicia el proceso de notificación a las plataformas. Tras recibir esta comunicación, las plataformas están obligadas a retirar los anuncios correspondientes, ya que la comercialización de estos inmuebles sin el código obligatorio contraviene la normativa establecida.

En el conjunto del país, el volumen de solicitudes presentadas para la obtención del número de registro asciende a 412.253. De este total, 320.620 solicitudes, lo que representa el 78%, corresponden a viviendas destinadas al alquiler turístico. Las 91.608 solicitudes restantes, equivalentes al 22%, se refieren a viviendas destinadas al alquiler no turístico, es decir, alquileres de temporada.

Estos datos reflejan que la mayor parte de las solicitudes registradas a nivel nacional están vinculadas al uso turístico de las viviendas, aunque el ministerio ha detectado diferencias significativas entre comunidades autónomas en cuanto a la distribución de los tipos de alquiler.

En este sentido, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha señalado una anomalía en la Comunidad de Madrid. En esta región, el 83% de las solicitudes de registro corresponden a viviendas de temporada, un porcentaje que contrasta con la media nacional. En cifras absolutas, de las 26.355 solicitudes recibidas en la Comunidad de Madrid, 21.978 corresponden a alojamientos de temporada, mientras que 4.377 se refieren a alojamientos turísticos. Este desequilibrio en la tipología de solicitudes ha situado a Madrid como una de las comunidades con un comportamiento diferenciado dentro del sistema de registro, tanto en el volumen de solicitudes como en el número de denegaciones posteriores.

En el ámbito municipal, Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el uso de viviendas en el ámbito turístico. En total, el municipio de Madrid acumula 5.344 solicitudes denegadas, lo que lo sitúa en la primera posición a nivel nacional. Tras Madrid se sitúa Barcelona, con 5.005 solicitudes revocadas, seguida de Marbella, que registra 2.993 peticiones denegadas.

El caso de la provincia de Málaga destaca especialmente dentro de este listado, ya que hasta siete municipios de esta provincia se encuentran entre los 20 municipios con mayor número de solicitudes de registro revocadas en todo el país. Esta concentración sitúa a la provincia como una de las más afectadas por el proceso de revisión de solicitudes y retirada de anuncios de viviendas sin registro válido.

En el ámbito autonómico, Andalucía es la comunidad autónoma que acumula el mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas. En total, esta comunidad registra 21.872 solicitudes denegadas, situándose con una diferencia considerable respecto al resto de territorios.

La actuación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se produce en el marco del despliegue progresivo del sistema de control del alquiler de corta duración, que incluye tanto viviendas turísticas como alquileres de temporada. El objetivo del registro único es garantizar que los inmuebles que se ofertan bajo estas modalidades cumplen con los requisitos legales y administrativos exigidos.

El sistema de registro permite, además, identificar viviendas que, pese a haber iniciado el trámite para obtener el número obligatorio, no han superado el proceso de verificación. En estos casos, la denegación del registro impide la comercialización legal del inmueble como alquiler de corta duración.

En Cantabria, las 1.207 viviendas notificadas por el ministerio se encuentran en esta situación, al no haber obtenido el número de registro exigido. La comunicación a las plataformas ‘on line’ supone el paso previo a la retirada de los anuncios, lo que implica que estas viviendas no pueden seguir siendo ofertadas bajo esta modalidad mientras no regularicen su situación.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha subrayado que el número de registro es compartido con las plataformas digitales a través de la Ventanilla Única Digital, lo que permite a estas comprobar de forma automática si los anuncios cumplen con la normativa. Este sistema facilita la coordinación entre la Administración y las plataformas en la aplicación del control del alquiler de corta duración.

La retirada de anuncios notificados se produce con independencia del número de plataformas en las que se encuentre anunciado un mismo inmueble. En aquellos casos en los que una vivienda esté comercializada simultáneamente en varias plataformas, todas ellas deben proceder a la retirada una vez reciben la notificación oficial.

El volumen de solicitudes de registro y de denegaciones registrado hasta la fecha refleja la dimensión del mercado del alquiler de corta duración en España y el alcance del proceso de regularización impulsado por el ministerio. La implantación del registro único permite disponer de datos agregados sobre la tipología de las viviendas, su distribución territorial y el grado de cumplimiento de los requisitos legales.

En este contexto, la notificación de más de 1.200 viviendas ilegales en Cantabria se suma al conjunto de actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en todo el territorio nacional para garantizar la aplicación efectiva de la normativa europea y estatal en materia de alquiler de corta duración.