La plantilla de MARE va a iniciar una campaña de movilizaciones para protestar contra el "funcionamiento de cortijo privado" de la empresa pública y contra la continua reducción de los trabajadores, que a día de hoy hace "imposible dar un servicio de calidad".

Los empleados denuncian que, "lejos de cumplirse las recomendaciones" del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Gobierno regionla tras la auditoría realizada el año pasado a la empresa, en la que se detectaron pagos de cantidades indebidas a algunos empleados, "se van aumentando" y se "siguen pagando irregularmente esos sobresueldos".

Mientras, se está produciendo una reducción "brutal y sistemática" del personal, que creen que está "estudiada" porque "se está buscando una privatización clara" del servicio para "regalárselo a algún amigo".

Así, el próximo lunes, 25 de abril, se concentrarán ante al Parlamento regional a las 15.30 horas, dando comienzo a una serie de protestas con las que exigirán que se corrija la situación de la empresa, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que dirige Guillermo Blanco (PRC), para poder dar un buen servicio, así como que "se deje de engañar a los ciudadanos".

Así lo ha anunciado este jueves el presidente del comité de empresa, Nacho Modinos (CCOO), en una rueda de prensa que ha ofrecido acompañado por el secretario del comité, César Simón, y varios representantes del Sindicato Unitario, UGT y SIEC.

VALORACIÓN DE PUESTOS "AMAÑADA"

Modinos ha hecho hincapié en que "no se ha tomado ninguna medida" ante la "gravísima situación de presunta malversación" que advirtió la auditoría y, además, ha avanzado que mañana se va a presentar una valoración de puestos que "está teledirigida, amañada, preparada para legalizar todas esas circunstancias ilegales que se han negado a corregir".

Según ha indicado, la valoración se ha hecho "de forma unilateral" y "sin ningún tipo de negociación" con el comité, y se les ha dicho a los trabajadores que va a servir para "crear una escala retributiva justa", pero "se han limitado a colocar los sobresueldos en el lugar que quieren que estén".

"Nos parece vergonzoso que lejos de corregir los problemas, sigan dándole una vuelta de tuerca más, avalando complementos de 1.800 euros injustificados y subidas encubiertas", ha sentenciado el presidente del comité, que espera que el consejero les reciba tras la protesta del lunes y ofrezca "compromisos que esté dispuesto a cumplir, no como hasta ahora, que todo han sido promesas vacías".

Y es que ha considerado "una tomadura de pelo" que se elabore un documento "que va a justificar una serie de sobresueldos que no están avalados" mientras los empleados operan con un convenio firmado en 2008, cuando los trabajos "no tenían nada que ver" con los actuales", y "la empresa se ha comprometido a una negociación que no se ha hecho".

Además, cree que se intenta "boicotear" el servicio "desde dentro del propio equipo directivo e imaginamos que también desde la Consejería" para llevar a su privatización, y advierte que advertido que "va a ser muy difícil mantenerlo si no se amplía la plantilla".

En este sentido, los representantes sindicales han detallado que cuando se firmó el convenio había 334 trabajadores y ahora son 230, además de que la proporción entre empleados de gestión y operarios era de 1 a 4,5, mientras que a día de hoy es de 1 a 1,6. En concreto, hay 143 trabajadores de operativa y 87 de gestión, algo "insostenible".