Cantabria obliga a todas las viviendas turísticas a presentar un informe municipal de compatibilidad
El nuevo decreto, aprobado por el Consejo de Gobierno, establece un plazo de ocho meses para que todos los titulares se adapten a los nuevos requisitos
Todas las viviendas de uso turístico (VUT) de Cantabria, tanto las ya registradas como las que se inscriban a partir de ahora, estarán obligadas a presentar ante el Gobierno regional un informe municipal de compatibilidad de uso, así como una declaración responsable para poder operar legalmente. Así lo recoge el nuevo decreto aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, que será publicado este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y entrará en vigor el sábado 26.
El texto establece un plazo transitorio de ocho meses para que todos los titulares de estas viviendas presenten la documentación requerida y se adapten a otras exigencias técnicas, entre ellas disponer de detector de humo, sistema de medición de ruido, botiquín de primeros auxilios e información turística dentro del alojamiento.
El decreto ha sido presentado en rueda de prensa por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, quien ha comparecido junto a la directora general de Turismo, María Saiz Villar, y la subdirectora Elena Sedes. Martínez Abad ha subrayado que este decreto ha sido fruto de la negociación con asociaciones del sector y ha contado con el respaldo del Consejo de Estado.
Una de las principales novedades es que el ámbito de aplicación se amplía también a las personas jurídicas y a quienes ostenten un derecho de uso sobre la vivienda. Además, se introduce como requisito imprescindible el citado informe de compatibilidad urbanística, que será emitido por los ayuntamientos.
“Este nuevo requisito es necesario para garantizar que las viviendas turísticas cumplen con las normas vigentes, especialmente las urbanísticas, y evitar situaciones irregulares”, ha destacado el consejero.
Este informe será vinculante para poder figurar en el Registro General de Empresas Turísticas de Cantabria, y afectará también a las más de 6.400 viviendas que ya están registradas o en proceso de registro. Concretamente, el Gobierno ha informado de que hay 4.300 viviendas inscritas y unas 2.300 en revisión. Todas ellas deberán aportar este documento y la declaración responsable en el plazo de ocho meses.
El decreto establece que no se exigirá la aprobación de la comunidad de propietarios para aquellas viviendas que ya estuvieran operando antes del 3 de abril, fecha de entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal que introdujo este requisito. Para nuevas altas a partir de esa fecha, sí será obligatorio contar con dicho permiso vecinal.
Además, se da a los ayuntamientos la posibilidad de introducir limitaciones al uso turístico de viviendas mediante su planeamiento urbanístico o mediante ordenanzas municipales. Entre esas restricciones, podrían fijarse límites por zonas, número máximo por edificio o periodos del año, siempre que se justifiquen por razones de interés general.
En cuanto al régimen sancionador, el decreto contempla multas de entre 15.000 y 75.000 euros para quienes incumplan la norma o ejerzan la actividad sin cumplir los nuevos requisitos. A partir de marzo de 2026, concluido el plazo de adaptación, quienes no hayan presentado la documentación exigida serán cesados en su actividad y podrán ser sancionados.
También se fija un horario orientativo para el servicio de alojamiento: entrada a partir de las 15:00 h y salida antes de las 11:00 h, aunque las partes podrán acordar otros horarios.
El Gobierno ha anunciado que reforzará el equipo de inspección en materia turística, pasando de seis inspectores actuales a un total de doce más un técnico, con el fin de garantizar el cumplimiento del decreto y detectar viviendas operando fuera del marco legal.
Por último, Martínez Abad ha adelantado que se convocará próximamente a los ayuntamientos —probablemente el 4 de agosto— para resolver dudas técnicas y facilitar la aplicación del decreto, dado que sobre ellos recae parte esencial de su desarrollo.
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico pretende dotar al sector de mayor seguridad jurídica, equilibrar los intereses del turismo y la convivencia vecinal, y contribuir a una oferta más ordenada, sostenible y legal en un ámbito en crecimiento.
