Cantabria instalará hasta cuatro nuevos parques eólicos antes de 2027
El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, aseguró que el parque eólico de El Escudo podría iniciar su producción eléctrica el próximo año y que Cantabria está en disposición de impulsar la construcción de hasta cuatro nuevos parques eólicos antes de finalizar la legislatura. A su juicio, este escenario constituye un objetivo «razonable y asequible», dada la fase administrativa en la que se encuentran los proyectos y la planificación energética diseñada por el Ejecutivo.
Las declaraciones se produjeron en el marco de la asamblea anual de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC), celebrada este miércoles en Santander. El encuentro reunió a empresas, representantes institucionales y agentes del sector, que coincidieron en la necesidad de consolidar un modelo eólico que respete la identidad de los territorios rurales y que contribuya al bienestar, la estabilidad económica y el progreso social de las comunidades que acogen estas instalaciones.
«Eólica con territorio»: un modelo condicionado a la aceptación social
Las compañías asistentes insistieron en que la transición hacia fuentes renovables debe ir acompañada de políticas eficaces de desarrollo territorial. Hablaron de un modelo «equilibrado, participativo y socialmente contrastado», y rechazaron los proyectos diseñados únicamente «desde el plano técnico», sin conocimiento real del territorio, al considerar que generan resistencia vecinal y dificultan su implantación.
Arasti reafirmó que el Gobierno autonómico es «partidario de que se instale energía eólica», pero dejó claro que únicamente apoyará los proyectos que cumplan de forma estricta las exigencias en materia medioambiental, de biodiversidad y de protección del patrimonio cultural. Destacó que la actual legislatura aplica una política «planificada y rigurosa», lo que ha derivado en informes desfavorables para los parques de Corus, Piruquito y Benavieja, y en una declaración de impacto ambiental negativa para el parque de Corus, que deja sin efecto su permiso de acceso y conexión.
Obstáculos judiciales y tramitación reactivada
El consejero recordó que la expansión eólica se ha visto dificultada por las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que anularon las autorizaciones administrativas previas de cinco parques aprobados en la legislatura anterior: Somaloma-Las Quemadas, Alsa, Cuesta Mayor, Campo Alto y La Costana. El Gobierno ha interpuesto recurso de casación en uno de los casos y ya ha reiniciado la tramitación de Somaloma-Las Quemadas, con previsión de hacer lo mismo con el resto.
Actualmente, hay siete parques con autorización administrativa de construcción (cinco autonómicos y dos estatales). Entre estos últimos figura El Escudo, actualmente en obras y con la previsión de comenzar a generar energía en el primer trimestre de 2026, y Bustatur, cuya construcción está previsto que arranque el próximo año. A ellos se suman otros seis proyectos en evaluación ambiental, hasta un total de 13 parques en proceso, que suman 453 megavatios.
Cantabria, muy por detrás: solo produce el 15% de la energía que consume
A pesar del avance administrativo, la AEC alertó de que la comunidad continúa muy rezagada en potencia instalada y producción. Con menos del 15% de la energía consumida generada internamente y un crecimiento de la demanda del 7,2% en el último año —muy superior al 0,9% estatal—, Cantabria mantiene solo el 0,2% de la potencia eólica española y obtiene del viento apenas un 4% de su producción eléctrica, lejos del 25% nacional.
El Plan de Sostenibilidad Energética fija un máximo de 700 megavatios de potencia eólica, que permitirían generar 2.000 GWh anuales, equivalentes al 53% del consumo estatal de 2024. Sin embargo, los parques con evaluación ambiental favorable apenas alcanzan la mitad de ese potencial.
El desarrollo eólico como vector de desarrollo rural
El presidente de la AEC, Agustín Valcarce, subrayó que la implantación eólica debe ser sinónimo de desarrollo rural. Recordó que estos proyectos son hoy contribuyentes fiscales «de primer orden» para los municipios que los acogen, financiando servicios públicos e infraestructuras. Puso como ejemplo Soba, señalando su convivencia efectiva entre actividad eólica y sectores económicos tradicionales.
Valcarce lamentó que proyectos mal planteados generen inquietud social, y defendió que las empresas asociadas trabajan con «rigor técnico, respeto ambiental y vocación de permanencia». Para la AEC, solo un modelo basado en la planificación responsable, la colaboración institucional y el diálogo con las comunidades permitirá un despliegue eólico armónico, que combine energía limpia y protección del medio rural.
