FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Cantabria demanda al Estado ante la Audiencia Nacional por el IVA de 2017
19:10 17/12/20
El Gobierno de Cantabria ha presentado una demanda ante la Audiencia Nacional para reclamar que el Estado le pague los 45,5 millones de euros de la mensualidad impagada de diciembre del IVA de 2017 y los intereses legales acumulados.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado la presentación de esta demanda en la rueda de prensa para dar a conocer las medidas que va a aplicar el Gobierno de Cantabria estas navidades para contener los contagios de la covid-19.
Revilla ha recordado que el impago de ese dinero responde a una decisión del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha explicado que la demanda se produce después de que el Ejecutivo regional no haya tenido una respuesta favorable del Gobierno de España a su petición de pago.
De esta forma, el presidente regional ha señalado que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria continúan con los trámites jurídicos iniciados en septiembre, mientras que el Estado tendrá ahora 20 días para contestar a esta demanda.
Miguel Ángel Revilla ha defendido la "justicia" de que se pague a Cantabria un cantidad que forma parte importante de sus ingresos tributarios y ha recalcado que ese dinero procede de unos impuestos que "no están trasferidos", sino que recauda el Gobierno de España, pero que procede de los impuestos pagados por los cántabros.
Según ha detallado el Gobierno de Cantabria en una nota de prensa, en la demanda, de 39 páginas, los servicios jurídicos argumentan los perjuicios que ha supuesto para la comunidad autónoma el impago de la mensualidad de IVA que se produjo en 2017, como consecuencia de una modificación legal cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.
El recurso constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los “daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera”, dado que la modificación normativa que provocó el impago “ha afectado de forma directa a los ingresos de la comunidad autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación”, añade el Ejecutivo regional.
En este sentido, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, “lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual”.
También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, “al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas”.
El Gobierno de Cantabria formaliza esta demanda después de ver ratificada por la Audiencia Nacional la que presentó para reclamar la anualidad de Valdecilla impagada por el Estado en 2016. ![Publicidad 171034]()
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado la presentación de esta demanda en la rueda de prensa para dar a conocer las medidas que va a aplicar el Gobierno de Cantabria estas navidades para contener los contagios de la covid-19.
Revilla ha recordado que el impago de ese dinero responde a una decisión del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha explicado que la demanda se produce después de que el Ejecutivo regional no haya tenido una respuesta favorable del Gobierno de España a su petición de pago.
De esta forma, el presidente regional ha señalado que los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria continúan con los trámites jurídicos iniciados en septiembre, mientras que el Estado tendrá ahora 20 días para contestar a esta demanda.
Miguel Ángel Revilla ha defendido la "justicia" de que se pague a Cantabria un cantidad que forma parte importante de sus ingresos tributarios y ha recalcado que ese dinero procede de unos impuestos que "no están trasferidos", sino que recauda el Gobierno de España, pero que procede de los impuestos pagados por los cántabros.
Según ha detallado el Gobierno de Cantabria en una nota de prensa, en la demanda, de 39 páginas, los servicios jurídicos argumentan los perjuicios que ha supuesto para la comunidad autónoma el impago de la mensualidad de IVA que se produjo en 2017, como consecuencia de una modificación legal cuyas consecuencias no se conocieron hasta que se realizó la liquidación del impuesto dos años después, en 2019.
El recurso constituye una reclamación de cantidad por 45,5 millones y los intereses legales que procedan por los “daños y perjuicios causados al vulnerarse los principios de autonomía y suficiencia financiera”, dado que la modificación normativa que provocó el impago “ha afectado de forma directa a los ingresos de la comunidad autónoma, sin una previa ni posterior modificación del sistema de financiación”, añade el Ejecutivo regional.
En este sentido, aduce que la actuación el Estado ha vulnerado el principio de transparencia, “lo que ha impedido adoptar las medidas necesarias para que Cantabria no se viera avocada a la situación actual”.
También considera infringidos los principios de confianza legítima y lealtad institucional, tanto antes de aprobarse el Real Decreto que modificó la normativa sin canalizar la reforma por el órgano competente y explicar la incidencia, como con posterioridad a su entrada en vigor y aplicación en 2019, “al no adoptarse medidas compensatorias adecuadas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas”.
El Gobierno de Cantabria formaliza esta demanda después de ver ratificada por la Audiencia Nacional la que presentó para reclamar la anualidad de Valdecilla impagada por el Estado en 2016.
