Cantabria autorizará los desalojos inmediatos y sancionará a los okupas

El anteproyecto de Ley de Vivienda de Cantabria, presentado por el Gobierno autonómico y liderado por el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, introduce un conjunto de medidas destinadas a restringir el fenómeno de la okupación ilegal en la comunidad.

Entre sus disposiciones más significativas destaca la habilitación de la Policía Local para actuar de manera directa en casos de ocupación flagrante de inmuebles y la exclusión de los okupas reincidentes de cualquier programa de ayuda pública relacionado con la vivienda.

La norma, que comenzará su proceso de consulta pública tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se erige como un instrumento legal que pretende garantizar el acceso a una vivienda digna a quienes cumplen con los requisitos de vulnerabilidad o necesidad habitacional, y restablecer la seguridad jurídica de los propietarios, una demanda largamente sostenida por asociaciones vecinales, plataformas de afectados y administraciones municipales.

Desalojos inmediatos en casos flagrantes de ocupación

Una de las principales novedades del texto normativo es la habilitación de las policías locales para intervenir en situaciones de ocupación flagrante de viviendas. Esta medida, según explicó el consejero Media, permitirá que los cuerpos municipales actúen directamente, sin necesidad de autorización judicial previa en determinados supuestos contemplados por la ley.

La actuación inmediata se basará siempre en el respeto a las garantías legales y constitucionales, pero dota a los ayuntamientos de una herramienta hasta ahora inexistente. La Policía Local podrá desalojar a los ocupantes si se verifica la flagrancia del acto, con el respaldo normativo de una futura ley autonómica que busca dotar de agilidad y eficacia la respuesta institucional.

“Genera una gran alarma social y una creciente sensación de indefensión”, afirmó el Ejecutivo regional.

Este enfoque contrasta con legislaciones anteriores. Mientras que el proyecto del anterior gobierno preveía asistencia jurídica para los ocupantes ilegales, el nuevo texto reconoce al propietario como la víctima central:

“Nosotros, sin embargo, sabemos quiénes son las víctimas y serán los propietarios los que cuenten con nuestro apoyo y asesoramiento”, declaró el titular de Vivienda.

Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación e Inquiocupación

El anteproyecto contempla la creación de una Oficina de Apoyo a Víctimas de la Ocupación e Inquiocupación, que comenzará a funcionar “de forma inmediata”. Su objetivo será ofrecer asesoramiento jurídico, acompañamiento institucional y orientación directa.

Contará con un canal específico de atención por correo electrónico y teléfono, permitirá registrar situaciones de okupación en tiempo real, y coordinará respuestas entre administraciones locales y autonómicas.

Este modelo pone el foco en propietarios particulares, comunidades de vecinos y pequeños tenedores, y también en edificios con riesgo de deterioro, vandalismo o usurpación reiterada.

Registro de infractores: sin ayudas públicas durante cinco años

Otra medida clave es la exclusión de ayudas públicas a personas con resoluciones judiciales o administrativas por ocupación ilegal en los últimos cinco años. Estas personas no podrán acceder a vivienda protegida, emergencia habitacional ni alquiler social, incluso si luego presentan necesidad.

El objetivo es disuadir la okupación como mecanismo de acceso a la vivienda y penalizar a quienes alteran el sistema legítimo.

Se contempla el cruce de datos con registros judiciales y padrones para verificar la exclusión y asegurar que las ayudas lleguen a quienes realmente cumplen con la ley.

Censos municipales y prevención anticipada

Los ayuntamientos deberán elaborar censos actualizados de viviendas en riesgo de ocupación ilegal, que incluirán:

• Viviendas desocupadas

• Edificaciones ruinosas

• Inmuebles en proceso de desahucio

• Espacios susceptibles de usurpación

La medida busca una prevención anticipada con un papel proactivo de los municipios, mediante vigilancia, intervención social y protección jurídica en coordinación con Policía Local, Guardia Civil y urbanismo.

El Gobierno regional ofrecerá herramientas técnicas y financiación específica para facilitar esta labor, sobre todo en municipios rurales o con menor capacidad administrativa.

El propietario como eje de la política de vivienda

En paralelo al combate de la okupación, se introducen medidas para que los propietarios se sientan seguros al alquilar:

“Estamos del lado del propietario, parte de la solución al problema de la escasez de vivienda en alquiler”, dijo Media.

Entre las medidas:

• Incentivos económicos

• Ayudas al IBI y cuotas de comunidad

• Garantía jurídica reforzada

• Convenios con propietarios para incorporar viviendas al Parque Público de Vivienda

Además, se descarta expresamente el índice estatal de referencia de precios de alquiler, al que Media calificó de “completamente desfasado”.

Un modelo de vivienda que penaliza el uso irregular

Se establece un régimen sancionador con infracciones:

• Leves, graves y muy graves

• Multas de hasta 90.000 euros

Las sanciones afectarán a quienes:

• Destinen viviendas protegidas a alquiler turístico

• Falseen documentación

• Infrinjan condiciones de habitabilidad

• Sean ocupantes reincidentes

• Promuevan redes de okupación

También se introduce una figura innovadora: la inspección técnica sin notificación previa, inspirada en controles financieros, y aplicada por primera vez en el ámbito residencial.

Tramitación parlamentaria y participación pública

La publicación del anteproyecto en el BOC el 30 de mayo abre el proceso de participación ciudadana hasta el 30 de junio. Pueden participar:

• Ciudadanos

• Organizaciones

• Colegios profesionales

• Entidades públicas

Después, las aportaciones serán valoradas y, si procede, incorporadas al texto final. Este pasará por otras consejerías, el Servicio Jurídico y el Consejo Económico y Social antes de llegar al Parlamento de Cantabria en septiembre.

“Queremos aprobar una ley lo más consensuada posible”, concluyó el consejero Media, subrayando que es una norma comprometida por la presidenta María José Sáenz de Buruaga.