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El Diario de Cantabria

GOBIERNO LGTBI

Cantabria aprueba texto para ley que garantiza derechos a las personas LGTBI

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley regional que garantizará la igualdad de derechos y oportunidades para las lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales (LGTBI).

Cantabria aprueba texto para ley que garantiza derechos a las personas LGTBI

La vicepresidenta cántabra y consejera de Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que esta normativa recoge el desarrollo en Cantabria de políticas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o cualquier otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad en Cantabria.

Esta norma, que se remite ahora al Parlamento de Cantabria para su debate y aprobación como ley, cuenta con la aportación de diversos departamentos del Gobierno regional.

La futura ley pretende amparar a todas las personas víctimas de discriminaciones y agresiones por identidad u orientación sexual en cualquier ámbito, garantizando que las conductas discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el más contundente rechazo legal, institucional, político y social, además de que contiene una serie de disposiciones para proteger a las personas menores transexuales, según informa el Ejecutivo en nota de prensa.

Díaz Tezanos asegura que, a pesar del "claro y evidente" avance experimentado por la sociedad, "todavía se detectan conductas de odio y prejuicio hacia las personas con una orientación no heterosexual".

"Los poderes públicos tenemos que ser garantes de la libre determinación del género de cada persona como un derecho humano fundamental, una conquista social en la que el Gobierno de Cantabria quiere seguir avanzando para garantizar a las personas LGTBI el apoyo que necesitan por el estado evolutivo de su madurez física, mental y emocional para que puedan desarrollarse de forma saludable, libre y plena en condiciones de libertad y dignidad", ha explicado.

La futura norma incluye actuaciones en todas las áreas de la Administración regional, las medidas de acción positiva a ejecutar y las políticas públicas a desarrollar, así como reconoce el derecho a la autodeterminación de género para que las personas puedan ser tratadas públicamente de acuerdo con su identidad de género libremente determinada.

Para el ámbito educativo, propone que los planes y contenidos incluyan el objetivo de conseguir que la escuela sea un espacio de respeto hacia todas las expresiones de género en el que se proteja al alumnado, personal docente y empleados del centro, evitando cualquier forma de discriminación.

También se incluye la promoción de la educación inclusiva, el respeto a la diversidad y la prevención de acoso homofóbico, bifóbico y transfóbico en los centros educativos, así como un conjunto de actuaciones de especial protección de los menores transexuales, además de la garantía de sus derechos en el ámbito universitario.

Para el ámbito sanitario, define las líneas de actuación y los principios que han de guiar la asistencia para garantizar a todas las personas el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sin que pueda producirse discriminación por motivos de identidad de género, expresión u orientación sexual, añade el Gobierno cántabro.

De esta manera, se regula la atención sanitaria a las personas transexuales, con especial hincapié en la atención sanitaria de los menores, y a la modificación de la identidad de género en la documentación sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así como la formación de los profesionales sanitarios y a la investigación.

El texto de esa futura ley también propone medidas de protección social o la incorporación de cláusulas sociales en la contratación administrativa, para valorar a las empresas que implantan medidas de igualdad de oportunidades y la prohibición de contratación de aquellas empresas sancionadas o condenadas por prácticas laborales discriminatorias.

También incluye medidas en el ámbito de la cultura, el ocio y el deporte, así como en los medios de comunicación y en materia empleo público.

La futura norma regula una serie de medidas de garantía de la igualdad de oportunidades, como la obligación de denuncia por parte de las personas profesionales de actos discriminatorios y un régimen sancionador para aquellas actuaciones que supongan una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Las sanciones, en función del nivel de gravedad de los hechos, el grado de alteración social, difusión, intencionalidad, número de personas afectadas y reincidencia, podrían llegar hasta los 30.000 euros, y conllevarían inhabilitación temporal de hasta un máximo de 3 años o el cierre o suspensión temporal de un servicio, actividad o instalación, también hasta 3 años.

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