Cantabria alerta del colapso si sigue la actual hoja de ruta de reparto de menas

La Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de su Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha expresado su rechazo al procedimiento que el Gobierno central ha adoptado para la redistribución entre comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados actualmente acogidos en el archipiélago canario. La titular de dicho departamento, Begoña Gómez del Río, ha calificado de «imposición», «oscurantismo» y «falta de igualdad» el enfoque seguido por el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez en esta materia, advirtiendo de que, de mantenerse la actual hoja de ruta, «el sistema va a colapsar».

Gómez del Río ha denunciado que el reparto previsto, según el cual a Cantabria le correspondería la acogida de 156 menores migrantes, se está diseñando sin proporcionar a las comunidades información precisa sobre los criterios utilizados, el calendario de los traslados, los mecanismos de coordinación entre administraciones y la financiación necesaria para garantizar la atención adecuada de estos jóvenes en el territorio receptor.

«Si se sigue la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez, el sistema va a colapsar», ha afirmado la consejera de Inclusión, quien ha subrayado la importancia de que las comunidades autónomas reciban no solo los recursos materiales y financieros, sino también los datos técnicos y operativos que les permitan planificar con antelación la recepción, integración y tutela de estos menores.

Desacuerdo institucional por la falta de información y planificación

Las declaraciones de Gómez del Río se han producido coincidiendo con la convocatoria, por parte del Ministerio de Juventud e Infancia, de una conferencia sectorial destinada a abordar precisamente la cuestión del reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. No obstante, la reunión fue cancelada ante la falta de quórum provocada por el «plantón» de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Cantabria. Solo Ceuta, también bajo gobierno del PP, asistió al encuentro, lo que impidió que se alcanzara la mayoría necesaria para la celebración formal de la conferencia.

La consejera ha reiterado que Cantabria no acudirá a nuevas convocatorias mientras no se facilite información clara y verificable sobre el reparto. «Queremos conocer cuál es la planificación, cómo se han llegado a esos números y cuáles son los criterios», ha manifestado. Además, ha insistido en que ese conocimiento es imprescindible para «intentar llegar a una unanimidad», aunque ha subrayado que «no se puede lograr» dicha unanimidad si no se comparten previamente los elementos básicos de la estrategia estatal.

La falta de participación de las comunidades del PP y la consiguiente suspensión de la reunión provocaron una reacción inmediata del Gobierno central. Pocas horas después, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció públicamente que el proceso de traslado de menores comenzará el 28 de agosto, independientemente del consenso alcanzado en la conferencia sectorial.

Este anuncio ha incrementado el malestar en algunas comunidades autónomas, que interpretan la medida como un intento de imponer unilateralmente una política que, por su naturaleza, requiere coordinación institucional y colaboración interterritorial. En ese sentido, Gómez del Río ha reprochado al Ejecutivo que actúe «haciendo caso omiso de lo que dice la ley», ya que los propios grupos de trabajo técnico habían acordado previamente que el punto relativo al reparto no podía ser elevado a votación sin datos claros.

«No se puede elevar un asunto del que no hay acuerdo»

La consejera ha recordado que «las comunidades del PP, lo que hemos decidido es que, en tanto en cuanto no tengamos esos criterios, no podemos acudir» a las reuniones.

La demanda de transparencia y el origen del desacuerdo

Durante su intervención ante los medios de comunicación, la consejera ha hecho hincapié en la necesidad de actuar con transparencia en un asunto tan delicado como la tutela de menores migrantes. Según ha relatado, ya en los grupos de trabajo previos a la conferencia sectorial, los representantes autonómicos solicitaron información precisa sobre la base legal, técnica y estadística del reparto.

«Querían conocer en atención a qué se trasladaban determinado número de menores a unas comunidades sí y a otras no», ha explicado Gómez del Río. Sin embargo, ha añadido que «desde el Ejecutivo central no se dijo absolutamente nada, se volvió al oscurantismo». Como resultado, los técnicos concluyeron que el asunto no podía someterse a acuerdo formal en la conferencia.

Una de las principales preocupaciones manifestadas por Cantabria es la falta de financiación adecuada para atender a los menores que serían trasladados. La consejera ha afirmado que el Gobierno central únicamente garantiza financiación para tres meses, un plazo que considera claramente insuficiente para asumir la responsabilidad de integración de estos jóvenes en los sistemas educativos, sanitarios y sociales autonómicos.

Además, Gómez del Río ha puesto el foco en otro aspecto crítico del proceso: la determinación de la edad de los menores. Según ha dicho, el Ejecutivo pretende «trasladar a estos menores sin saber si son menores o no menores», lo que genera inseguridad jurídica y riesgos operativos para los gobiernos regionales.

La consejera ha citado el propio decreto estatal como fuente para destacar que «en los tres últimos años se ha incrementado la llegada de menores un 700 %». Esta cifra, según ha advertido, ilustra la magnitud del fenómeno migratorio y la presión que ejerce sobre las comunidades autónomas. También ha mencionado que en muchos casos, los menores «llegan derivados por puras mafias», lo que refuerza, a su juicio, la necesidad de una política migratoria clara que se coordine con la política de acogida.

«Cualquier proceso de redistribución debe venir acompañado de una estrategia migratoria estatal clara, seria y responsable», ha señalado.

Críticas al Gobierno y a la exclusión de algunas comunidades

En sus declaraciones, la consejera también ha cuestionado la exclusión del País Vasco y Cataluña del reparto, sin que el Gobierno haya explicado los motivos. «Todavía no sabemos por qué a País Vasco y Cataluña se les excluye de este reparto», ha indicado.

Asimismo, ha lanzado una crítica directa a la gestión política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su opinión, la política migratoria no se está diseñando pensando en el bienestar de los menores, sino «en el interés superior de Sánchez».

«La política de Sánchez es buscar el interés superior de Sánchez, no de los menores, que es lo que queremos las comunidades autónomas», ha sentenciado.

Llamamiento a una política consensuada y colaborativa

A pesar del tono crítico de sus declaraciones, Gómez del Río ha reiterado en varias ocasiones que el objetivo de las comunidades autónomas no es bloquear la acogida de menores, sino garantizar que esta se haga de forma ordenada, equitativa y sostenible.

«Todas queremos llegar a esa unanimidad», ha afirmado, pero ha advertido que no será posible alcanzarla si se mantiene la opacidad en la toma de decisiones por parte del Gobierno central.

Según ha argumentado, el sistema autonómico necesita previsión y seguridad jurídica para poder cumplir adecuadamente con su función de acogida, integración y tutela de menores extranjeros no acompañados. Para ello, ha solicitado nuevamente conocer el cronograma del traslado, las cifras exactas, los criterios utilizados, los mecanismos de control y las garantías financieras.

La redistribución de menores migrantes ha generado un intenso debate político en las últimas semanas, especialmente tras la saturación del sistema de acogida en las Islas Canarias. El Gobierno central ha defendido la necesidad de actuar con rapidez y solidaridad entre territorios, mientras que algunas comunidades han exigido conocer previamente todos los detalles del proceso.

El próximo paso será comprobar si el Ministerio de Juventud e Infancia reformula la convocatoria de la conferencia sectorial con nuevas condiciones, o si, como ha anunciado la ministra Rego, se procede al traslado de menores a partir del 28 de agosto, aunque sea sin acuerdo formal con todas las comunidades.

Por parte de Cantabria, la posición parece clara: no se asistirá a ninguna reunión ni se aceptará ningún reparto hasta que se garantice la transparencia total del proceso. La comunidad mantiene su exigencia de conocer los datos, criterios y compromisos estatales que acompañarán esta política de redistribución.