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El Diario de Cantabria

El Gobierno aprueba el requerimiento al Estado de 45,5 millones del IVA de 2017

Zuloaga anuncia el nombramiento de Gema Agudo como directora general de Acción Cultural, en sustitución de Eva Ranea
El vicepresidente del Gobierno -y secretario general del PSOE en Cantabria-, Pablo Zuloaga. / ALERTA
El vicepresidente del Gobierno -y secretario general del PSOE en Cantabria-, Pablo Zuloaga. / ALERTA
El Gobierno aprueba el requerimiento al Estado de 45,5 millones del IVA de 2017

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) ha acordado en su reunión semanal la presentación de un requerimiento al Estado para reclamar el pago de los 45,5 millones de euros impagados por la recaudación del IVA de 2017, "como consecuencia de la reforma del sistema aplicada por el Gobierno del Partido Popular".

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el nombramiento de la periodista Gema Agudo Leguina como directora general de Acción Cultural de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Agudo es desde el año 1987 periodista de la Oficina de Comunicación del Ejecutivo regional y sustituirá a Eva Ranea, en el cargo desde el año 2017.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente del Gobierno -y secretario general del PSOE en Cantabria-, Pablo Zuloaga, ha precisado que el Ejecutivo solicitará al Ministerio de Hacienda las medidas precisas, con el fin de paliar el impacto que el impago del IVA ha tenido en la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas.

El requerimiento se tramitará como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios causados al vulnerarse, con la modificación normativa que propició el impago, los principios de autonomía y suficiencia financiera, transparencia, lealtad institucional y confianza legítima de Cantabria.

El acuerdo adoptado hoy insta al Gobierno de España a valorar las medidas precisas y prever las compensaciones necesarias en concepto de ingresos para paliar el impacto que la modificación normativa realizada en 2017 ha tenido en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y que en el caso de Cantabria asciende a 45.561.540 euros, según el informe elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda.

Cantabria planteará este requerimiento como una reclamación de cantidad por los daños y perjuicios sufridos a causa de la modificación legal que propició el impago y que "vulneró los principios de autonomía y suficiencia financiera, afectando directamente a los ingresos de la Comunidad Autónoma sin una previa, ni posterior modificación del sistema de financiación".

El Gobierno aduce además que la reforma normativa que propició el impago se realizó "con vulneración de los principios de transparencia, lealtad institucional y confianza legítima de Cantabria", lo que ha impedido a la región adoptar medidas para no verse abocada a la situación actual, "con un importante perjuicio patrimonial".

OTROS ASUNTOS

Por otro lado, se aplicó la tramitación de urgencia de un decreto que suspende parcialmente la vigencia de la regulación del régimen jurídico y organizativo de la atención ciudadana y del ejercicio de la función administrativa de registro de la Comunidad Autónoma.

Esta suspensión afecta a las oficinas de información al público, que se veían abocadas a separar ese servicio de información de las funciones de registro, lo cual implica en la mayoría de los casos una duplicación de personal innecesaria. En consecuencia, se suspende esta previsión en tanto se procede a una nueva regulación.

En Sanidad, se autorizó la prórroga del acuerdo para la selección de adjudicatarios del suministro de material para antisepsia quirúrgica de la piel, con un coste estimado de 419.137 euros.

Por otro lado, la Consejería de Economía y Hacienda informó al Consejo de Gobierno de que va a proceder al abono de prácticamente todas las subvenciones pendientes de pago correspondientes al presupuesto de 2019, entre las que destacan las del Plan Renove correspondiente al último trimestre, por 570.000 euros; o las de conciliacion de la vida laboral y familiar de mujeres trabajadoras, por 810.700 euros.

También las ayudas de fomento del empleo juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo-Garantía Juvenil, por 277.400 euros; el tercer pago a las Corporaciones locales para la inserción de personas desempleadas, con 5,3 millones de euros; o la orden de subvenciones al tercer sector del 0,7% del IRPF, con 2,5 millones de euros.

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