Buruaga: "Gracias a los grupos parlamentarios, menos al PSOE, por defender la Ley de Simplificación, clave para la inversión y el empleo"
El pleno del Parlamento de Cantabria ha sido escenario este lunes de un intenso debate en torno a la Ley de Simplificación Administrativa. El proyecto del Gobierno de Cantabria, liderado por la consejera Isabel Urrutia, ha conseguido sortear el obstáculo que representaba la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que buscaba la devolución de la norma al Ejecutivo regional. La propuesta de los socialistas fue rechazada por los votos de PP, PRC y Vox, quienes consideran la ley un paso adelante para modernizar la administración y hacerla más ágil y eficaz.
En su intervención, Urrutia destacó la importancia de la nueva norma, describiéndola como un "instrumento tractor" que fomentará una administración más cercana y eficiente. "Lo que pretendemos es eliminar trámites obsoletos y eliminar barreras que, hoy en día, actúan como freno tanto para los ciudadanos como para los empresarios", explicó. La consejera agregó que el proyecto de ley surge de un clamor social en favor de la simplificación y es un ejemplo de proceso participativo, ya que se enriqueció con más de 500 aportaciones ciudadanas que finalmente se integraron en el texto que llegó al Parlamento.
Simplificación Administrativa: Un Cambio Necesario
La Ley de Simplificación Administrativa tiene como objetivo primordial reducir la burocracia en la administración autonómica y local de Cantabria. Según Urrutia, la ley permitirá que los ciudadanos y empresarios puedan agilizar trámites y reducir plazos a la hora de gestionar permisos y licencias. En el marco de la nueva normativa, se eliminan licencias municipales de apertura y se sustituye por un régimen de comunicación, un cambio que se espera impulse el emprendimiento y la creación de empresas. Este enfoque refleja la voluntad del Gobierno de facilitar la actividad económica y atraer inversión, promoviendo una región más competitiva.
Defensa de la Ley: "Un Proyecto Reformista"
Por otro lado, la consejera Urrutia ha defendido con firmeza la relevancia de la ley, afirmando que se trata de una norma reformista y valiente que pretende situar a Cantabria como líder en simplificación administrativa a nivel nacional. En su discurso, destacó la eliminación de trámites innecesarios y la introducción de medidas innovadoras como la plataforma de gobernanza de datos y un régimen sancionador que dará mayor seguridad jurídica a las declaraciones responsables de los ciudadanos. Urrutia también se refirió al silencio administrativo positivo y a la digitalización como claves para transformar la administración y reducir los plazos de respuesta en todos los procedimientos.
La consejera instó a los partidos políticos a colaborar y aportar mejoras a la ley, que, según subrayó, se ha desarrollado con un proceso participativo que ha recogido las opiniones de más de 500 personas. "Esta ley es de todos y para todos. No se puede entender un rechazo sin alternativa", insistió Urrutia, quien hizo un llamamiento al diálogo en el Parlamento para seguir trabajando en una ley que revolucionará la gestión pública y la actividad económica en Cantabria.
El debate parlamentario dejó claro que la simplificación administrativa se ha convertido en una prioridad para muchos sectores, tanto en el ámbito público como privado. Según los datos de la consejera, la ley podría acelerar los trámites hasta un 50% en algunos procedimientos y mejorar considerablemente la eficiencia de la gestión pública. Con la eliminación de procedimientos obsoletos y la racionalización de las intervenciones administrativas, el Gobierno de Cantabria busca convertir la región en un modelo de agilidad administrativa para toda España.
La postura de Vox y del PP fue clara: la ley es un paso en la dirección correcta, aunque algunos aspectos aún requieren mejoras. Leticia Díaz, portavoz de Vox, argumentó que aunque la ley "declarativa" tiene margen de mejora, es preferible aprobarla cuanto antes para reducir la burocracia y garantizar la inversión empresarial. Por su parte, el PP, a través de Miguel Ángel Vargas, acusó al PSOE de "alargar y torpedear" el proceso sin ofrecer una alternativa seria.
El debate sobre la Ley de Simplificación Administrativa de Cantabria es solo el principio de una reforma que promete transformar profundamente la gestión pública y la actividad económica de la región. Con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, la ley avanza en su tramitación, y su aplicación podría posicionar a Cantabria como un referente de eficiencia y modernización administrativa. A pesar de las diferencias políticas, lo cierto es que la simplificación administrativa se ha convertido en un tema clave para el futuro de la región, y su éxito dependerá de la capacidad de los políticos para dialogar y encontrar puntos de consenso en aras de un progreso común.