La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y su equipo de consejeros, han confirmado un aumento salarial del 6,9% para el año 2024. Este ajuste, anunciado por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, busca resolver una situación descrita como un "desequilibrio incomprensible y carente de lógica" en la estructura salarial del gobierno regional.

Esta medida, que será implementada a través de una enmienda a la Ley de Presupuestos de Cantabria para 2024, propuesta por el Grupo Popular, pretende rectificar una singularidad en la política salarial de Cantabria, donde los consejeros del gobierno han estado percibiendo sueldos inferiores a otros altos cargos. La presidenta Sáenz de Buruaga recibirá un salario simbólico de un euro más que los directores generales y jefes de gabinete, mientras que los consejeros tendrán un salario anual de 66.983,21 euros.

Esta reestructuración implica un incremento del gasto público en 25.163 euros, una cifra que ha suscitado opiniones divididas. Por un lado, se alaba la iniciativa por buscar la equidad en las retribuciones dentro del gobierno; por otro, se cuestiona la oportunidad de la medida en el contexto económico actual.

El escenario político en Cantabria se encuentra en un momento crucial de análisis y expectativa. Los distintos grupos políticos y la ciudadanía evalúan las implicaciones de este cambio en la estructura de los salarios de sus representantes gubernamentales, especialmente en un momento donde la presidenta había anunciado previamente la renuncia a un aumento salarial del 20% incluido en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Un incremento salarial simbólico

De este modo, en 2024, la presidenta de Cantabria cobrará un euro más al año que un jefe de gabinete o un director general, y los consejeros, por su parte, veránaumentado su sueldo en la misma proporción que la presidenta respecto a lo que cobran en el año 2023 (+6,9 por ciento), si bien, sus salarios todavía serán inferiores al del resto de altos cargos de sus respectivos departamentos.

Así, si a la presidenta de Cantabria en el año 2024 le correspondía cobrar con el aumento de empleados públicos 67.195 euros, cobrará un 4,4 por ciento adicional para que sea superior en un euro al de otros cargos de escala inferior.

El gasto que supone para el Gobierno esta subida es de 25.163 euros del capítulo 1, en un montante global de 1.282 millones de euros. 

En opinión de la consejera, este incremento “simboliza” el planteamiento del Gobierno regional, que no es el económico, sino con el objetivo de “revertir una situación de desequilibrio que no se da en ninguna Comunidad Autónoma, ayuntamiento o en ninguna empresa pública o privada”.

La consejera ha insistido en que “ningún ciudadano entiende que el máximorepresentante de Cantabria cobre menos que alguien que tiene menos responsabilidad”, y ha señalado que se ha renunciado a la equiparación salarial en el caso de los consejeros por tener que acometer una subida mayor. Aunque sea justo, “no es el momento” y puede “no ser entendido por los ciudadanos” en los primeros meses de legislatura, ha concluido.