23.04.2024 |
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Dos años de prisión para un funcionario de la Universidad de Cantabria por falsedad documental

Vista de la entrada de la Universidad de Cantabria. / ALERTA
Vista de la entrada de la Universidad de Cantabria. / ALERTA
Dos años de prisión para un funcionario de la Universidad de Cantabria por falsedad documental
La Audiencia de Cantabria ha condenado a dos años de prisión y tres de inhabilitación a un funcionario de la Universidad de Cantabria (UC) por falsear documentos de cursos de formación para enriquecerse con casi 40.000 euros.

Junto a él han sido condenadas otras cinco personas: tres que actuaron como cómplices cediendo sus datos personales para los documentos, una trabajadora de la institución académica y su pareja.

El funcionario iba a ser juzgado la próxima semana por un tribunal con jurado pero las partes han alcanzado un acuerdo y este viernes la magistrada presidenta del tribunal ha dictado verbalmente sentencia, que ya es firme, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia en una nota de prensa.

La sentencia le condena por un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público en concurso con un delito continuado de estafa.

Además deberá pagar 3.600 euros de multa y entregar 53.700 euros a la Universidad de Cantabria para hacer frente a la responsabilidad civil.

Esa cantidad es la suma de los 39.700 euros que desvió y que ya ha consignado, y otros 14.000 por los intereses.

El tribunal ha impuesto una pena de un año y dos meses de prisión, dos de inhabilitación y 1.800 euros de multa a cada de las tres personas que cedieron sus datos personales y figuraron como docentes en los documentos que el funcionario elaboraba, firmada y pasaba para el cobro.

En cuanto a la trabajadora de la Universidad y su pareja, fueron asesorados por el principal acusado para cobrar fraudulentamente un dinero de la institución académica.

La trabajadora recibió un pago a través de su novio, que era el que aparecía en la factura, pero comunicó a la Universidad la irregularidad y restituyó el importe.

La pena para estos dos acusados, a los que se les reconoce la atenuante de reparación, es de tres meses de prisión y 900 euros de multa por un delito de falsedad.

El funcionario fue administrador del Departamento de Derecho Civil entre los años 2011 y 2016 y una de sus funciones era elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de cursos y másteres, incluyendo las certificaciones de la docencia impartida y las solicitudes de pago de la retribución de profesores y ponentes.

Se considera probado que "con intención de obtener un injusto enriquecimiento en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades indebidas por parte de la Universidad, confeccionó decenas de documentos de su departamento en los que hacía constar falsamente como profesores de los cursos a terceras personas".

Además, simulaba las firmas de los directores de los cursos tanto en los listados alterados de profesores como en las peticiones de pago, y también la firma del supuesto profesor en la hoja de asistencia y en la petición de pago.

De este modo, "lograba engañar al Servicio de Gestión Académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que nunca habían impartido clase alguna en tales cursos".

El acusado consiguió que se realizasen un total de 26 pagos fraudulentos por un importe total de 39.700 euros, cantidad que posteriormente él mismo recibió de manos de los falsos profesores. 

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