La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribos en Cantabria, ha pedido al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que «deje de mirar para otra parte en este problema y le dé el impulso necesario para acabar con esta situación», algo que «en una gran parte depende» de su Gobierno.

Así lo expresa el colectivo en un comunicado difundido este martes, jornada en la que ha entregado la recaudación del libro ‘Casas de Papel’ a la Cocina Económica, porque «su gran labor social merece toda nuestra solidaridad». AMA aprovecha para expresar su «frustración y desesperación» por la falta de «noticias» sobre la aprobación de planes generales de ordenación urbana (PGOU) en municipios donde llevan «pendientes desde hace décadas».

Y también lamenta los «reiterados» acuerdos del Parlamento autonómico pidiendo una «solución final» para los afectados por las sentencias de demolición de viviendas sin que «sigan sin ver la luz».

Así, en la asociación que les representa esperan que esos acuerdos así como las palabras y promesas de los responsables políticos «se lleven a efecto», y que «no aparezca aquello de que cuando no se quiere hacer algo, siempre hay una excusa para disfrazar o tapar la realidad».

Y es que, a su juicio, «ha habido tiempo más que suficiente en estas últimas décadas» para realizar los PGOUs e incluso «subsanar posibles errores, incidencias, adaptarse a los diferentes informes sectoriales». Por eso, los afectados, que creen que es un tema de «voluntad política» y que «poco tiene que ver con problemas técnicos que siempre son de última hora», consideran que «a estas alturas no puede haber más excusas».

CINCO AÑOS DESPUÉS SEGUIMOS IGUAL.

El Partido Popular interpelará el próximo lunes, 2 de mayo, al consejero de Obras Públicas en el pleno el Parlamento de Cantabria al cumplirse cinco años de la declaración institucional parlamentaria que prometió una solución para los afectados por la ejecución de sentencias de derribo “sin que haya habido avances”.

“El lunes 2 de mayo se cumplen cinco años de aquella declaración institucional y estamos igual. Han pasado cinco años de más angustia, de más dolor, de más sufrimiento para familias que compraron de buena fe y no tienen ninguna culpa de lo que pasó, pero en estos cinco años apenas hay avances”, ha dicho Iñigo Fernández, portavoz del PP.

Fernández ha recordado que la declaración institucional aprobada por el Parlamento el 2 de mayo de 2017 advertía de la necesidad de dar una solución definitiva, por parte de las administraciones públicas en el marco de sus competencias, a la situación que sufren cientos de familias por el grave problema de las sentencias de derribo, evitando la pérdida de su patrimonio y cumpliendo los convenios firmados entre los afectados y el Gobierno de Cantabria, en esa misma legislatura.

“Nadie, o muy pocos, aciertan a ver la solución del túnel cuando se cumplen ya cinco años de aquella declaración. La preocupación de los afectados es máxima, pero las soluciones no terminan de llegar”, ha lamentado Fernández, quien también ha recordado que dos años después de aquella declaración, el 18 de marzo de 2019, el pleno del Parlamento exigió su cumplimiento y dar una solución a los afectados durante el año 2019, mediante una proposición no de ley aprobada por unanimidad.

Pero, a pesar de las resoluciones parlamentarias, según ha repasado el portavoz popular, en Escalante sigue sin adquirirse una parcela para poder ejecutar viviendas de sustitución, en Argoños el Plan General de Ordenación Urbana aprobado provisionalmente hace más de un año por el ayuntamiento sigue sin recibir el visto bueno de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) y en Piélagos ni siquiera se ha procedido a la aprobación provisional del Plan General. “No hay soluciones, no ha habido avances realmente en estos cinco años salvo a efectos de indemnizar a propietarios para echarlos de sus casas”, ha apostillado.

Por ello, el Partido Popular quiere que el consejero José Luis Gochicoa informe en el Parlamento de los pasos que ha dado el Gobierno de Cantabria para el cumplimiento de la Declaración Institucional de 2 de mayo de 2017 y la Proposición no de Ley de 18 de marzo de 2019. “Porque las instituciones se comprometieron a dar una solución definitiva a las familias, pero todas ellas siguen esperando”, ha afirmado el portavoz del PP.

En concreto, según ha detallado Fernández, el PP pide al consejero que informe sobre el desarrollo y plazos para la compensación a los afectados de la Urbanización La Arena, en Arnuero, mediante la fórmula de vivienda por vivienda o indemnización, y de las gestiones para la adquisición de una parcela urbana en Escalante y, en su caso, desarrollo y plazos para compensar a los propietarios del Edificio Las Torres.

También, sobre las gestiones realizadas y colaboración ofrecida al Ayuntamiento de Piélagos para obtener del mismo la aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y, finalmente, de los trámites pendientes para que la Crotu proceda a la aprobación definitiva del nuevo PGOU de Argoños.