La Asociación Independiente de Agricultores y Ganaderos de Cantabria, AIGAS La Unión, ha trasladado su rechazo frontal a la propuesta de que el lobo se incluya en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. En un comunicado, esta organización agraria afirma que la decisión va en contra del plan de gestión del lobo aprobado recientemente en el Parlamento de Cantabria, que establece unas medidas de control de la población de esta especie para favorecer su convivencia con la actividad ganadera.

AIGAS La Unión asegura estar «completamente a favor de la conservación del lobo de forma controlada» y apuesta por un «equilibrio entre el número de lobos que puede soportar el ecosistema de Cantabria sin afectar de forma grave a las ganaderías de la región». «Creemos necesario el control de la especie de cara a la supervivencia de las explotaciones ganaderas que son la principal actividad económica de las zonas rurales de Cantabria», añade esta asociación.

Y resalta que «el plan de gestión del lobo de Cantabria, con muy buen criterio, favorece el mantenimiento de los lobos y las explotaciones ganaderas, evitando de esta forma el despoblamiento rural y favoreciendo la conservación medio ambiental». «Lobo si, pero con control poblacional del mismo. El lobo debe basar su sustento en la caza de otros animales silvestres y no en animales criados por los ganaderos. Tenemos que mirar por la supervivencia del ganadero que es quien produce nuestro alimento y conserva nuestro territorio tal y como le conocemos», concluye AIGAS.

CIUDADANOS. La diputada de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento regional Marta García ha afirmado que la prohibición de cazar lobos en Cantabria constituye «la sentencia de muerte del sector ganadero».

Así lo ha manifestado tras el acuerdo en la Comisión Estatal de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) para incluir todas las poblaciones de lobo existentes en España en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, por lo que automáticamente dejará de ser considerada especie cinegética.

García ha manifestado que la decisión del Ejecutivo «implica la supresión del Plan de Gestión del Lobo de Cantabria», que, según ha indicado, cuenta con el «consenso» de todos los agentes implicados, y que ha permitido la convivencia desde su aprobación en 2019. En ese sentido, ha advertido que la «desaparición» del Plan supone, entre otras cosas, que los ganaderos «no van a poder cobrar las compensaciones económicas por los daños causados por los ataques de los lobos».

En este sentido, Cs ha instado al Gobierno autonómico a convocar «de manera urgente» la Mesa del Lobo para que explique qué acciones va a emprender para «revertir» esta decisión, que la diputada naranja ha calificado como «el mayor ataque y despropósito que ha sufrido el sector primario de ganadería extensiva de Cantabria».

Vox. El grupo mixto-Vox en el Parlamento de Cantabria ha acusado al Gobierno central de «dar la espalda» al mundo rural, y especialmente a las explotaciones ganaderas de alta montaña, con el «blindaje» aprobado para el lobo, prohibiendo su caza «de forma controlada» como, según señala, se está haciendo hasta la fecha en las poblaciones al norte del Duero.

Para el portavoz parlamentario de Vox, Cristóbal Palacio, la «sobreprotección» del lobo que se acaba de aprobar para toda España va a provocar «una masificación» de su población en los próximos años en todas las tierras altas de Cantabria, lo que, según ha alertado, «va a implicar una mayor incidencia» en las cabañas ganaderas de la comunidad.

Para el portavoz de Vox, esta «blindaje» al lobo es «un ataque directo» a los ganaderos, colectivo que, según ha advertido, lleva años sufriendo los ataques de esta especie en sus explotaciones ganaderas. Vox ha señalado que, «ante la imposibilidad» del Gobierno de crear una ley que regule la caza del lobo, ha pedido que las indemnizaciones a los ganaderos se paguen de forma inmediata a través de un sistema de comunicación responsable y que en los diez días siguientes a esa comunicación se proceda al pago.