"Este acuerdo con Mercosur es una traición al campo"
Desde su explotación familiar en Cantabria, Marta García denuncia sin rodeos las consecuencias devastadoras que tendría para el medio rural y la soberanía alimentaria la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur. En esta extensa entrevista, advierte de que no se trata solo de comercio, sino de una estrategia para sustituir al productor europeo, arruinar al campo y despoblar el territorio. La suya es una voz que emerge desde el barro, no desde los despachos, con la claridad y la firmeza de quien vive y trabaja la tierra cada día.
Pregunta. ¿Por qué considera que el acuerdo UE–Mercosur representa una amenaza directa para la ganadería cántabra?
Respuesta. Porque cuando controlas la alimentación del mundo, controlas el mundo, y este acuerdo entrega ese control a intereses ajenos al territorio, a grandes multinacionales.
El tratado con el bloque de Mercosur no es solo comercio: es una estrategia para sustituir al productor familiar europeo. Llevamos años escuchando que las vacas contaminan, que no hay que comer carne, en definitiva que la ganadería europea sobra, que la gente del campo somos el problema. Primero nos señalan, luego nos asfixian y finalmente nos hacen desaparecer. Esto no es progreso: es traición al campo.
¿Por qué cree que la Unión Europea tiene tanta prisa por cerrar el acuerdo con Mercosur?
Porque hay un problema global que alguien tiene que absorber y la Unión Europea ha decidido que sea su sector primario. China, principal importador mundial de carne, está limitando la entrada de producto brasileño y argentino para proteger a su propia ganadería. Eso ha generado excedentes enormes, especialmente en Brasil, primer productor mundial de carne y con multinacionales cárnicas gigantes detrás presionando para colocar su producción.
La UE corre para abrir Mercosur porque necesita dar salida a esos excedentes y, a cambio, colocar productos industriales europeos en Sudamérica. No es un acuerdo equilibrado: es intercambiar maquinaria industrial, vehículos y productos químicos por comida, sacrificando al campo europeo. No van a adaptar su modelo productivo al nuestro; van a vender su carne tal y como la producen, con costes laborales, sanitarios y sociales muy inferiores.
Esta prisa no responde al interés del consumidor ni del productor europeo, responde a intereses geopolíticos y comerciales. Y cuando se toman decisiones así de rápido, casi siempre hay una certeza detrás: alguien va a perder, y en este caso es el campo europeo, el español y el cántabro.
¿Qué diferencias existen entre los estándares de producción europeos y los sudamericanos que hacen que esta competencia sea desleal?
En Europa hemos tardado más de veinte años en construir un sistema de seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal ejemplar. Aquí respetamos los ciclos de los animales; allí se siguen utilizando hormonas de crecimiento prohibidas en la Unión Europea. Masificación de animales en espacios reducidos. Pretender que otros países se adapten en uno, dos o cinco años es una mentira. No competimos en igualdad: competimos contra un modelo que aquí sería ilegal.
¿Qué impacto puede tener la entrada de carne sudamericana en los precios locales?
El efecto será devastador. Al principio parecerá más barata, pero hundirá los precios en origen y expulsará a los pequeños productores. Cuando ya no quede producción local, el consumidor pagará más y comerá peor. Hoy te venden barato; mañana te venderán dependencia porque no habrá más opciones.
¿Cree que la calidad de los productos importados es comparable a la del producto cántabro?
No rotundo. Y no lo digo desde un despacho ni desde un papel: lo digo desde el barro, desde el monte y desde las manos que cuidan animales cada día. En Cantabria no producimos carne en serie. Aquí la carne tiene nombre, paisaje y tiempo. La IGP Carne de Cantabria no es un sello bonito: es una forma de vivir y de producir. Son animales criados en pastos de alta montaña, en extensivo, respetando los ritmos de la naturaleza y con ganaderos detrás que respondemos con nuestro nombre y nuestra cara.
En el sector lácteo ocurre lo mismo: bienestar animal certificado, controles constantes y una exigencia que en muchos casos va muy por encima de lo que el consumidor imagina. Aquí no hay atajos. Aquí hay madrugones, inviernos duros, veranos secos y una responsabilidad enorme: alimentar a la gente haciendo las cosas bien. Nuestra carne y nuestra leche no sale de una cadena industrial. Nace en nuestros espacios naturales protegidos, crece con pastos de montaña y sale adelante gracias al cuidado diario. No vendemos kilos: vendemos territorio vivo, paisaje cuidado y pueblos que siguen latiendo.
¿Se están valorando los estándares de bienestar animal y sostenibilidad?
En la Unión Europea la ganadería está sometida a una presión normativa extrema: bienestar animal, sostenibilidad, trazabilidad, límites sanitarios, reducción de medicamentos, exigencias medioambientales y controles constantes derivados del Pacto Verde Europeo. Cada explotación es inspeccionada, auditada y penalizada si no cumple hasta el último detalle, asumiendo unos costes que encarecen la producción pero garantizan un modelo responsable, ligado al territorio y al medio rural.
En cambio, los países de Mercosur producen bajo estándares que no son equivalentes: sin las mismas obligaciones en bienestar animal, sin controles comparables, sin la misma fiscalización ambiental ni sanitaria. Aun así, sus productos, si se ratifica el acuerdo, van a entrar en Europa compitiendo directamente en precio con quienes sí cumplimos todas las reglas.
El resultado es una competencia desleal de manual y una hipocresía política evidente: ecologismo, bienestar animal y sostenibilidad solo para el ganadero europeo; barra libre para las importaciones. Así no se protege ni al consumidor ni al medio ambiente: se destruye al productor local y se vacía de contenido el discurso verde europeo. Si se exigen las normas aquí, no hablamos de comercio, hablamos de sacrificio del campo europeo por un interés ajeno.
¿Qué consecuencias sociales puede tener este tratado en el medio rural cántabro?
Desde mi experiencia como ganadera, creo que el acuerdo con Mercosur puede provocar el cierre de muchas explotaciones familiares en Cantabria porque no podemos competir en precios. Eso empuja directamente a la despoblación del medio rural, ya que sin rentabilidad no hay relevo generacional. Supone también una pérdida de empleo en toda la cadena: ganaderos, mataderos, transportistas y comercios locales. Además, pone en riesgo nuestras razas autóctonas y la ganadería extensiva, que son parte de nuestra identidad y del cuidado del territorio. Con ello se rompe un tejido social y cultural construido durante generaciones.
Y, al final, Cantabria dejaría de producir alimentos para depender de importaciones, perdiendo su soberanía y futuro.
¿Ha recibido el sector alguna garantía o protección frente a este tipo de acuerdos?
Este acuerdo es la sentencia de muerte para las ganaderías cántabras: nos imponen unas reglas de juego imposibles mientras abren la puerta a carne que compite en desigualdad de condiciones. Las supuestas salvaguardas y el fondo de 1.000 millones no son garantías, son limosnas para camuflar una traición que prioriza la industria del automóvil frente a nuestra soberanía alimentaria. No podemos competir contra multinacionales gigantes que no cumplen nuestras exigencias ambientales ni de bienestar animal.
Nos están pidiendo que cuidemos el paisaje mientras nos arruinan con acuerdos para hacer importaciones masivas. Si el campo desaparece, Cantabria se queda vacía, y este pacto solo acelera el final de nuestro modo de vida. Y que no se le olvide a nadie: somos los custodios del 80% del territorio de Cantabria.
¿Qué medidas echa en falta por parte del Gobierno?
Este acuerdo es una puñalada por la espalda a las familias que llevamos generaciones manteniendo vivo el monte, la identidad, las tradiciones y la cultura en Cantabria. Lo que el Gobierno de España nos vende como progreso es, para mí, una sentencia de muerte firmada en un despacho por gente que no ha pisado una cuadra en su vida. Me indigna que se llenen la boca con toda esa palabrería barata de Transición ecológica, resiliencia climática, soberanía alimentaria, bioeconomía circular, servicios ecosistémicos, infraestructura verde, perspectiva de género en el medio rural, empoderamiento femenino, relevo generacional, reto demográfico, cohesión territorial, justicia social, sostenibilidad holística, digitalización inclusiva, huella de carbono, agroecología, mientras nos obligan a cumplir normativas asfixiantes que a los productores del Mercosur ni se les mencionan.
Quiero que esto quede muy claro: al campo no se le engaña con buenas palabras mientras se le apuñala en los despachos. Estamos vigilando y a la espera. Vamos a ver qué votan exactamente los eurodiputados y cada familia política en el Parlamento Europeo; ahí es donde se van a quitar las caretas y veremos quién defiende nuestra soberanía alimentaria y quién nos vende por intereses ajenos.
Las elecciones están a la vuelta de la esquina y nosotros tenemos memoria. El acuerdo tendrá que llegar al Congreso de los Diputados en Madrid si se logra ratificar en el Parlamento Europeo, que sepa cada partido que su voto tendrá consecuencias directas en las urnas. No vamos a permitir que mercadeen con nuestro esfuerzo para favorecer a otros sectores. Se acabó el tiempo de las promesas de despacho y la falsa empatía con la España Vacilada. El campo no se vende, el campo se defiende, y esta vez el precio de traicionarnos va a ser perder el apoyo de toda la gente que vive y trabaja la tierra. Estamos en lucha y no vamos a olvidar a quienes nos den la espalda en Bruselas o en Madrid.