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El Diario de Cantabria

33 enmiendas a la Ley que regula el Servicio de Extinción de Incendios

Urrutia con los representantes sindicales de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento. / alerta
Urrutia con los representantes sindicales de los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento. / alerta
33 enmiendas a la Ley que regula el Servicio de Extinción de Incendios

El PP ha presentado un total de 33 enmiendas al proyecto de Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Cantabria que se encuentra en tramitación en el Parlamento, mediante las que introduce la creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1, dando así a los actuales profesionales (C2) la posibilidad de reclasificación, como vienen demandando. De las 33 enmiendas presentadas por el PP, 22 son de modificación del texto presentado por el Gobierno de Cantabria, mientras las 11 restantes son de adición de una nueva regulación no incluida en el proyecto, dentro de las que la diputada regional ‘popular’ Isabel Urrutia ha destacado la reclasificación del grupo C2 al C1, «uno de los compromisos adquiridos por el PP con el cuerpo de bomberos».

El Grupo Popular introduce esta reclasificación a través de una nueva disposición adicional al texto de la ley para que los municipios puedan modificar sus actuales plantillas y relaciones de puestos de trabajo, con el fin de adaptar los grupos de titulación de las categorías que venían manteniendo para los puestos de cabo y bombero, posibilitando la integración de dichas categorías o sus equivalentes en el Grupo C, Subgrupo C1, del Estatuto Básico del Empleado Público. Urrutia ha señalado que esta enmienda supone «reconocer la profesionalización» que en los últimos años han adquirido los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de titularidad municipal, a los que la sociedad «exige cada día más», así como el «buen hacer» de estos profesionales. La diputada ha resaltado que otra de las enmiendas planteadas por su grupo recoge la introducción de un nuevo artículo en el que se da rango de ley a la obligatoriedad al Gobierno de Cantabria de hacer frente a los costes que suponen a los ayuntamientos que actualmente tienen parque de bomberos las salidas fuera de su ámbito territorial para apoyar al Ejecutivo en la prevención y atención de las emergencias que se produzcan en la comunidad autónoma. Esto sucede con Santander, Torrelavega, Camargo y Castro Urdiales.

Según ha explicado Urrutia, el PP le otorga rango de ley a esta obligatoriedad a los convenios que anualmente se recogen en los presupuestos, y para los próximos ejercicios habrán de recoger como mínimo el importe que se ha destinado para este año 2021 más el aumento del IPC anual y el aumento anual, al menos, de las retribuciones para los empleados públicos.

Por otra parte, y lejos de lo que establece el propio proyecto de ley, que prevé un plazo de un año, el PP ha presentado una enmienda por la que se obliga a la entrada en vigor del texto al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), así como el desarrollo reglamentario y la puesta en funcionamiento de la Comisión de Coordinación en seis meses.

«Han pasado tres años desde que se impulsó por parte del PP esta iniciativa en el Parlamento y el Gobierno no puede pretender demorar un año más su entrada en vigor. No hay una razón en el expediente para ello», ha concluido Urrutia.

Tal y como ha informado el PP en nota de prensa, el plazo para presentar enmiendas parciales al proyecto de Ley de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Cantabria finalizó el pasado día 7 de abril.

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