El mapa de Cantabria sigue, sin remedio, en continuo cambio hacia la despoblación. Miles de cántabros salieron de sus pueblos natales para vivir en las grandes ciudades, donde poder labrarse un futuro con éxito, y no han vuelto.

Cada vez más pueblos de la región se quedan vacíos, una estampa fantasma que contrasta mucho con los resultados que el gobierno regional anunció el pasado viernes sobre las medidas implementadas en 39 municipios donde se ha actuado, donde afirmaba que había sido «un éxito».

El pasado viernes, se celebró la reunión del Consejo Asesor, la sexta desde su constitución en 2020, en la sede del Ejecutivo, y en ella se dio cuenta del presupuesto destinado a estas medidas, algo ‘cuestionables’,  dados los resultados publicados este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La Consejería de Economía y Hacienda define en el documento oficial la relación de los municipios que tienen la condición de Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento para el ejercicio 2022, un total de 56, el mismo número que hace un año, aunque son 17 núcleos más, donde no se han implementado medidas.

La reunión del Consejo Asesor, se ha celebrado en la sede del Ejecutivo autonómico y en ella el Gobierno cántabro ha dado cuenta de las medidas implementadas en este periodo en 39 municipios y del alcance de los fondos estales y europeos destinados a la Comunidad para luchar contra la despoblación, por importe total de 2,4 millones de euros.

Según la orden, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se considera ‘Zona Rural de Cantabria en Riesgo de Despoblamiento’ a aquellos municipios que cumplan alguno de los siguientes criterios: tener una población inferior a 2.000 habitantes; una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado; o una tasa de envejecimiento superior al 30%.

La orden establece que los municipios de zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento lo serán cuando cumplan alguna de las condiciones señaladas, al menos en uno de los dos años anteriores. De este modo, para el año 2022, los años de referencia son 2020 y 2021. La Ley de Cantabria 5/2019, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas contempla el problema del despoblamiento de sus zonas rurales y por ello se establecen deducciones de la cuota del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e incentivos para el establecimiento de personas en estas zonas.

En este año, los municipios con esta condición y por tanto, beneficiarios de la citada ley, son Anievas, Arenas de Iguña, Argoños, Arredondo, Bárcena de Pie de Cocha, Bareyo, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Camaleño, Campoo de Yuso, Cieza, Cillorigo de Liébana, Escalante, Hazas de Cesto, Hemandad de Campoo de Suso, Herrerías, Lamasón, Liendo, Limpias, Luena, Miera, Molledo, Peñarrubia, Pesaguero, Pesquera, Polaciones y Potes.

También, Rasines, Rionansa, Riotuerto, Las Rozas de Valdearroyo, Ruente, Ruesga, Ruiloba, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, San Roque de Riomiera, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Saro, Selaya, Soba, Solórzano, Los Tojos, Tresviso, Tudanca, Udías, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Vega de Liébana, Vega de Pas, Villacarriedo, Villafufre y Valle de Villaverde.

Más de 6 millones de euros gastados en esta legislatura y sin resultados

Tras una inversión de estas magnitudes, Cantabria continúa teniendo, según los datos del Gobierno regional, 56 municipios en riesgo de despoblamiento, los mismos que el año pasado, aunque son 17 núcleos más donde no se han implementado medidas, sino sólo en 39 de ellos.

Ni la instalación de los  cajeros  automáticos, ni el transporte escolar gratuito, han servido para reducir el riesgo de despoblamiento en los 56 municipios. Tampoco la puesta en marcha de un sistema personalizado de dosificación de medicamentos en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos está sirviendo para atraer población a estos pequeños núcleos.

En el ámbito educativo se ha hecho una inversión adicional superior a los 3,2 millones de euros, y a otras acciones específicas como las estaciones de recarga de vehículos eléctricos con una inversión de 1,2 millones, de los que 585.000 euros proceden del Ministerio de Reto Demográfico.

Por su parte, Guillermo Blanco ha anunciado las acciones contra la despoblación rural que lleva a cabo su consejería en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) y ha avanzado una serie de iniciativas en el área de la bioeconomía, por un importe superior a un millón de euros, para incentivar su desarrollo económico y social a través de la producción primaria, la promoción forestal como activo turístico y la capacitación en el ámbito forestal.