El fiscal del juicio al exconcejal de Obras de Reinosa acusado de malversación ha mantenido la pena de cinco años y medio de cárcel solicitada para Julio César García por apropiarse presuntamente de casi 23.400 euros de caudales públicos mediante una decena de facturas por la adjudicación de pequeños trabajos para el Ayuntamiento.

Mientras, el procesado -que se defiende a sí mismo en el juicio contra él, que este martes ha quedado visto para veredicto del jurado- ha insistido en su libre absolución, reiterando que la denuncia interpuesta por dos hermanos vecinos de la localidad a los que encargó las tareas municipales es «una gran mentira» y «desde el primer día» además.

«En ningún momento hice transferencias para hacer mío el dinero del Ayuntamiento», ha sentenciado el que fuera edil -también de Industria, Empleo, Participación Ciudadana y Policía- entre 2011 y 2015. Lo ha manifestado en el turno de informes de las partes, en el que ha interesado una sentencia absolutoria ante los miembros del tribunal, presididos por el magistrado presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Subsidiariamente, en el caso de que le declaren culpable, García ha pedido que en la sentencia condenatoria se le aplique la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificada, por una causa que se comenzó a instruir hace ahora diez años, tiempo en el que se ha sacado la carrera de Derecho y ha sufrido «quebraderos de cabeza».

Una modificación que también ha introducido al elevar su escrito a definitivo el representante del ministerio, que entiende que tras el interrogatorio al enjuiciado y la práctica de las pruebas testifical, pericial y documental, han quedado acreditados los hechos, en particular uno «invariable»: que «un político se queda con dinero» público.

A ojos del fiscal, lo sucedido es «muy sencillo»: el entonces responsable de Obras «creó un plan» para que la citada cuantía se ingresara en una cuenta abierta a los dos contratistas y desde la que el dinero «acabó» en la del concejal, algo que logró «con opacidad y descaro», ha añadido.

García --que accedió a la Concejalía tras las elecciones municipales a las que concurrió por el PRC (después de dejar el cargo encabezó la lista de Por Reinosa Agrupación Independiente)-- aseguró durante el interrogatorio que no pagó ninguna obra que no estuviera «bien ejecutada» y negó haber tocado «un euro que no me corresponda», como ha reiterado en la recta final del plenario. Y aunque admitió transferencias de dinero municipal a una cuenta suya, a través de una sociedad entre mayo de 2011 y marzo de 2012, las justificó para descontar «anticipos» o «préstamos» que había hecho para ayudar a los denunciantes, que en el juicio han negado que realizaran las obras.

USÓ LA CONCEJALÍA COMO SU EMPRESA O CORTIJO. A este respecto, el fiscal ha reflexionado que si el acusado decidió ayudar a ambos hermanos, con los que tenía «deudas» previas, debería haber sido «muy cuidadoso» con la adjudicación de los trabajos y los pagos. «Lo que no podía hacer es -ha dicho- darles trabajos del Ayuntamiento para asegurarse que le iban a devolver el hipotético préstamos».

En este sentido, el representante del ministerio ha acusado a García de haber usado la Concejalía que dirigió «como si fuese una empresa más suya» o su «cortijo» particular, manejando así el dinero del Ayuntamiento como si fuera igualmente suyo y, por ende, «mezclando» lo público con lo privado. «No es que no sea ético o vergonzoso, es que es un delito», ha zanjado.

Y de todos modos, el fiscal considera que no ha quedado acreditada la ejecución de las obras encomendadas, y ha destacado como «consistente y clara» la declaración de los reinosanos denunciantes, a pesar de sus «peculiaridades» y del tiempo transcurrido.

Por otro lado, ha achacado el que el Ayuntamiento no se haya personado en la causa ni haya reclamado nada -extremos que ha delegado a la Fiscalía- a que no le «interesa investigar» lo ocurrido. Con todo ello, el fiscal ha advertido a los jurados del «uso indebido» del dinero público y de que si con su veredicto «mandan un mensaje de impunidad, la lucha contra la corrupción la hemos perdido».

TODAS LAS OBRAS ESTÁN HECHA Y LOS PAGOS SON LÍCITOS. El acusado y abogado -se licenció a raíz de esta causa, para defenderse- ha reafirmado ante el tribunal que «todas» las obras adjudicadas fueron ejecutadas y ha negado que las facturas sean «falsas», en tanto que los pagos han sido «lícitos». «Ha quedado suficientemente acreditado que, una tras otra, todas las obras fueron ejecutadas» y, si están hechas y «son verdaderas», entonces «las facturas no pueden ser falsas», ha resaltado.

Ha vuelto a atribuir la denuncia a que en un momento dado se negó a abonar una adjudicación por más de 7.000 euros al considerar que estaba «mal ejecutada», a partir de lo cual descontó pagos para «compensar» otros realizados, como por la adquisición de un vehículo a los contratados que presentaba deficiencias.

Con todo ello, ha subrayado que son mayores las cantidades que él aportó a los denunciantes que las que estos le devolvieron, de modo que el saldo de la cuenta en cuestión -y cuyas claves tenían los tres, según ha admitido el procesado- es negativo a su favor.

En su alegato final como abogado defensor -no ha ejercido el derecho a la última palabra como acusado-, Julio César García ha vuelto a explicar su ayuda a los denunciantes, pese a los problemas que tenían, «por querer hacer el bien» o «porque eres tonto», ha planteado, a la par que ha vuelto a manifestar que se «arrepiente».

Finalmente, después de insistir en su absolución y de interesar que, en caso contrario, se aplique la atenuante de dilaciones indebidas, el procesado ha concluido, dirigiéndose a los jurados, expresando «que Dios les ayude» con el veredicto, para cuya deliberación se reúnen este miércoles a partir de las 9.30 horas.