27.06.2022 |
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ALERTA El Diario de Cantabria

Seis meses de cárcel por robar dinero público en Valderredible

El administrador de la entidad y secretario de la entidad pública ha reconocido los hechos y ha aceptado igualmente dos años de inhabilitación
El perjuicio para los cántabros ascendió a 37.529 euros. / alerta
El perjuicio para los cántabros ascendió a 37.529 euros. / alerta
Seis meses de cárcel por robar dinero público en Valderredible

El que fuera secretario y administrador del Común de Valdelomar ha reconocido este martes los hechos en el juicio contra el por malversación entre los años 2014 y 2015 y ha aceptado seis meses de prisión y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público.

La pena ha sido conformada en la vista, celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, en la que se han apreciado las atenuantes de reparación del daño (el acusado devolvió el dinero mes y medio después de la última disposición) y de dilaciones indebidas.

La Fiscalía pedía dos años y medio de cárcel para este hombre, procesado por aprovechar su condición al frente de la entidad pública del Común de Valdelomar, encargada del uso y aprovechamiento del Monte del Común, para realizar reintegros de efectivo y transferencias a una cuenta propia.

Según el escrito de acusación pública, aprovechando que era el autorizado en las dos cuentas corrientes del organismo, desde enero de 2014 hasta julio de 2015 "realizó numerosos reintegros en efectivo y, empleando las claves para operar electrónicamente, diversas transferencias" a una cuenta corriente de la que era administrador único.

Las cantidades de dichas trasferencias oscilaban entre los 200 y los 2.500 euros, y el perjuicio total causado para la entidad pública fue de 37.529 euros. De hecho, en septiembre de 2015 el acusado entregó en caja 39.590 euros "a fin de abonar las cantidades indebidamente percibidas".

El ministerio fiscal calificó los hechos como un delito continuado de malversación impropia con reparación del daño causado, merecedor de una pena de dos años y medio de prisión y de inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de cinco años.

Por su parte, las juntas vecinales de Castrillo de Valdelomar, San Andrés de Valdelomar y Santa María de Valverde ejercían la acusación particular y se sumaron a la petición de pena de la Fiscalía.

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