«Yo no rompo el pacto, pero hay otra mayoría. Si quieren ejecutarla, ya saben lo que tienen que hacer», ha manifestado la regidora socialista, que no «teme» ni tampoco le «preocupa» que presenten una moción de censura, sino que se va a centrar en seguir desempeñando las funciones de su cargo, tratando de solventar el problema generado por doce ediles para «mitigar» las consecuencias y daños a los camargueses.

Además, el PSOE insta a su socio en el Consistorio a que, «ante la irresponsabilidad realizada y las consecuencias que tiene para los vecinos de Camargo, con la nueva mayoría que ha creado con PP y Cs actúe consecuentemente y soluciones este desaguisado».

Así lo ha trasladado Bolado en una rueda de prensa ofrecida este martes en la sede local del partido, en la que ha estado acompañada por el concejal de Servicios Municipales, Jesús María Amigo, y el secretario de Organización de la agrupación, Iñigo Gómez, a la que se ha sumado su homóloga a nivel regional, Noelia Cobo, también diputada autonómica, aunque ha declinado hacer declaraciones.

En la comparecencia ante los medios, convocada anoche tras un encuentro de la dirección del partido en Camargo y una asamblea -también se ha reunido la mesa del pacto de gobierno local y ha habido «contactos» de las ejecutivas regionales de PRC y PSOE-, Bolado ha justificado que no puede romper el pacto a diez meses del fin de la legislatura y celebración de elecciones municipales y autonómicas, por la paralización que eso conllevaría. Pero ha afirmado que lo hubiera hecho si se habría producido esta situación hace «dos años», en el ecuador de su mandato. También ha avanzado que denunciará la paralización del contrato, ya que la adjudicación, como ha recordado, no es una «decisión política», sino que está sujeta a la ley y en este caso no ha habido alegaciones ni «nada» en contra.

Lo hará «cuando llegue su momento», una vez estén «cuantificadas» las consecuencias, que podrían llegar incluso a los veinte millones de euros, según ha indicado. En su opinión, es un «despropósito» que no pueden pagar los camargueses, de ahí que ella vaya a actuar «en contra» de los doce concejales que están detrás de esta situación.

La paralización fue acordada en un Pleno extraordinario celebrado el pasado 10 de junio, en el que se llevó a votación el dictamen aprobado por la Comisión de Hacienda que daba luz verde a la adjudicación a la empresa Urbaser SA, pese a contar con «todos los informes técnicos favorables» y al «impecable» expediente tramitado por el regionalista que votó a favor: Hector Lavín, primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda, Economía, Contratación, portavoz del PRC y candidato a la Alcaldía.

La alcaldesa, que también votó a favor del dictamen junto al resto de ediles del PSOE, ha dicho no entender las el comportamiento del socio, «dirigido» -ha apuntado- por Eugenio Gómez y que «sin ser ni portavoz del PRC ni candidato haya desautorizado a su portavoz y candidato a la Alcaldía en la paralización del contrato».

Cree Bolado que el responsable de Comercio y Desarrollo Local debe explicar si «dos horas antes» de la sesión plenaria «alguien le ordenó votar en contra de su compañero», al que «han dejado tirado» y «solo», y aclarar también las razones de esa postura -tiene que haber una motivación, en vez de esgrimir «cosas peregrinas» como a su entender hicieron en el Pleno, aludiendo a la libertad de voto-.

GUERRA INTERNA en el prc. La alcaldesa, que ha resaltado que no se ha producido ninguna circunstancia sobrevenida ni de interés que justifique la postura contraria a la adjudicación, también considera que Gómez tiene que dar cuenta de que el Grupo Regionalista «está roto» y aclarar por qué «no lo puesto en conocimiento de la Alcaldía». En este sentido, ha aseverado que existe una «guerra interna» en el PRC de Camargo y ha lamentado que se está trasladando a los vecinos, aunque no la extrapola al partido a nivel regional.

Al hilo, la socialista también ha censurado la «deslealtad y mentira» de Gómez hacía la Alcaldía, por ser miembro de la Junta de Gobierno Local y estar obligado, por ley a informar de cualquier incidencia, y más cuando la Comisión de Hacienda -presidida por Lavín- informó favorablemente del expediente de contratación. A sus ojos, esto es «gravísimo», pero es «todavía más grave que no haya dado la cara» el PRC.

RECURSO DE LA EMPRESA.  Una vez que este órgano resuelva, previsiblemente ya a partir de septiembre dada la paralización de la administración en el mes de agosto, la intención de Bolado y del PSOE es volver a llevar el contrato de basuras paralizado al Pleno municipal. Entre tanto, están en «un limbo», ya que aunque existe obligación legal de seguir prestando el servicio hasta que esté la nueva adjudicación, no se puede exigir a la empresa que lo haga conforme a los pliegos. «Estamos atados de pies y manos», ha expresado.

Y para finalizar, la regidora ha destacado que en este asunto cuenta con la «colaboración» de los trabajadores del servicio, que el pasado día 6 de julio presentaron un escrito en el Ayuntamiento exigiendo una explicación a los responsables de la paralización del contrato, empleados a los que ha elogiado por estar haciendo un «esfuerzo ímprobo» para llevar a cabo «la mejor recogida de basuras y limpieza viaria de Camargo con los escasos medios que tienen», ha concluido.