El voluntario de la plataforma de alimentos de Camargo que denunció las supuestas irregularidades en el reparto de vales y por las que también está acusado aseguró ayer martes en el juicio que la principal procesada, Jimena González, -entonces secretaria del concejal de Servicios Sociales- le dio 30 bonos para que le comprara comida. Y también vio cómo los entregaba «a sus amigos», a pesar de que estaban «fuera» del listado oficial de beneficiarios elaborado por la Concejalía. En concreto, a «gente conflictiva. Me ahorro decir nombres. Tengo miedo».

Así lo manifestó este colaborador de la plataforma durante su declaración, como imputado en la causa, ante el tribunal del jurado que enjuicia los hechos, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, donde explicó que González se «guardaba en su bolso» los bonos que sobraron en un reparto en septiembre de 2016, para «aprovecharlos» en vez de entregarlos al Consistorio. De este modo, como «había mucho descontrol», en noviembre puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. «Como esto se iba de madre, puse la denuncia», justificó ante el plenario este voluntario acusado, que se enfrenta a seis meses de prisión que pide la fiscal por malversación de caudales. Mientras, para la principal implicada interesa año y medio de cárcel por el mismo delito.

En el interrogatorio de las partes -acusaciones pública y particular, ejercida por el Ayuntamiento, y las dos defensas- afirmó que «todo lo que se hacía» en la plataforma de alimentos «tenía que pasar» por Jimena González, que fue secretaria de Marcelo Campos, primero como edil de Ganemos y después, cuando fue expulsado del partido, como responsable del departamento de Servicios Sociales. Agregó al respecto que «todos» los voluntarios eran de la «confianza» de ella y «nunca» estaban solos además: «ella abría y cerraba» la nave de la plataforma de alimentos, puso como ejemplo. E igualmente «todos» sabían lo que estaba ocurriendo porque también les daba vales a ellos, o los repartía a terceros «delante» suyo.

En concreto, en la entrega objeto del juicio a él le dio 30 bonos para que le comprara «comida buena» para «su casa», en el centro comercial donde se podían canjear los tickets tras el correspondiente acuerdo con la administración local. Algo que él solo hizo «una vez» pero que ella «había hecho más veces», delante de él y de otros voluntarios. Según precisó, usó 27 vales: «Cuando iba con el carro (por el supermercado) con ese montón de cosas, pasaba gente conocida de Maliaño y me daba vergüenza. Y ya no gasté más». Relató además que la implicada destinó los productos adquiridos con esos bonos a un camping en Valderredible al que ambos fueron invitados junto a sus respectivas familias, en principio para una barbacoa aunque finalmente no pudieron hacerla pues estaba prohibido en ese momento en el municipio, por las altas temperaturas.

Para el reparto en sí de los vales, el acusado indicó que no había «ningún listado» impreso, sino que «rellenaban a mano», con la identidad de los solicitantes y número de vales que pedían en función de los miembros que componían la unidad familiar. De 10 euros cada uno, al principio se entregaban un máximo de cinco por familia, tope que luego fue ampliado en uno más para aquellos que tenían hijos menores. Esto supuso un incremento hasta 1.200 bonos y 12.000 euros de partida municipal. En la sesión también declararon, como testigos, otra voluntaria de la plataforma, agentes de la Guardia Civil que investigaron lo sucedido, el secretario del Ayuntamiento, el concejal de IU Jorge Crespo -que denunció estos y otros hechos, que fueron archivados-, la técnico coordinadora de Servicios Sociales y el responsable del camping, que era miembro de Ganemos y colaborador de la plataforma de alimentos.

Así, la voluntaria -que fue amiga de González y pareja del segundo acusado, con el que ahora está casada- corroboró que «todos» los colaboradores del banco eran del «círculo» de la principal imputada en esta causa, pues «desplazó» a los anteriores por ser personas «mayores» y se exigió un curso obligatorio para estas tareas. Afirmó que la sospechosa estuvo «todo el día» en el reparto de bonos en el que se produjeron las irregularidades denunciadas, indicando que era quien traía la lista de beneficiarios y los vales, «de su casa, imagino, en una bolsa de plástico o papel», apostilló. También afirmó que se dieron a personas que no estaban en el listado de receptores del Ayuntamiento, extremo que llevaba a cabo y decidía González, como remachó.

Los efectivos de la Benemérita que participaron en las pesquisas aludieron igualmente a los destinatarios de los bonos que no estaban en el sistema del Consistorio, algunos familiares de personas incluidas y otros que no guardaban relación con ninguno. Así, había «demasiadas personas» y aparecían «nombres que se empezaban a repetir mucho», apuntó uno de los agentes, para quien «tampoco se sabe qué se reparte».

A su juicio, en septiembre de 2016 se produjo ese «salto» en el proceso, que desembocó en compras hechas con «hasta 20 vales» -lo que era un indicio de que se usaban de forma «fraudulenta»-. También hubo 57 bonos que «no se localizaron nunca».