Los hechos por los que será juzgada tienen su origen en las denuncias presentadas por el edil de IU Jorge Crespo y el Consistorio por la gestión de unos vales de comida que el Ayuntamiento entregaba a personas del municipio en dificultades económicas, de la que se encargaban González y otro voluntario, que también se sentará en el banquillo.

Según el escrito del ministerio fiscal, la acusada asumió funciones de supervisión y organización del banco de alimentos del municipio, entidad que tenía como función repartir, entre personas necesitadas, comida, material diverso y vales utilizables para la compra de productos frescos en un establecimiento de un centro comercial del municipio.

Las personas y familias que podían hacer uso del banco estaban inscritas en un listado elaborado por los funcionarios del Ayuntamiento, en el que aparecía el número de miembros de la unidad familiar y se establecía un número máximo de cinco vales, con un valor de diez euros cada uno.

Cuando la acusada llegó a su puesto en la secretaría asumió la supervisión y control total del banco de alimentos, esencialmente, el reparto de vales de compra.

Tras ello, se formaron voluntarios entre personas de su confianza y en septiembre de 2016 se organizó un reparto de 1.200 vales por un importe de 12.000 euros y se envió un mensaje SMS a los 384 beneficiarios del banco, «a los que teóricamente les correspondían un total de 893 vales según el número de miembros», relata la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, la acusada, «tras comprobar que los vales a repartir no ascendían a la totalidad del dinero consignado, decidió repartir un número indeterminado de vales a personas allegadas suyas no incluidas en el listado de usuarios». Añade que «al menos entregó vales a 14 personas no incluidas en las listas de beneficiarios ni familiares de estos» y además «se quedó para sí misma al menos 30 vales». Y afirma que «para obtener un beneficio personal», la acusada «contactó con su amigo», el voluntario del banco de alimentos también acusado, «a quien entregó en mano en los últimos días de septiembre 30 vales para que hiciera una compra y e la llevara a su casa». También le entregó vales, dice, para que comprará «productos de carne para consumir los dos acusados junto a sus hijos en una barbacoa celebrada en el camping de Valderredible, gastando 270 euros en esa compra». El voluntario devolvió tres bonos al Consistorio y confesó los hechos ante el propio Ayuntamiento de Camargo y ante la Guardia Civil.El total de los vales usados en compras durante septiembre en el establecimiento tras el reparto fue de 1.143, «habiendo repartido la acusada el total de 1.200 vales emitidos para ese mes». Por tanto, explica la fiscalía que «se gastó 11.430 euros del dinero del Ayuntamiento presupuestado para ese concepto dentro de la partida municipal Plataforma Alimentaria de Camargo». Al detectarse las irregularidades, fue cesada de su cargo.

«Malversación de caudales»

Los hechos constituyen, a juicio del Ministerio Público, un delito de malversación de caudales, y considera a la acusada autora del mismo y al acusado, cómplice. Además de la pena de 18 meses de prisión, solicita para ella una multa de 3.600 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante tres años. Para el voluntario pude seis meses de prisión, multa de 150 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante un año.

En concepto de responsabilidad civil, solicita que ambos indemnicen al Ayuntamiento de Camargo de manera conjunta y solidaria en 260 euros por los vales gastados en provecho propio. El Ayuntamiento de Camargo, como acusación particular solicita 22 meses de prisión y multa de 5.040 euros e inhabilitación para empleo o cargo público de tres años para la acusada, mientras que para el acusado solicita seis meses de prisión, multa de 360 euros e inhabilitación para empleo o cargo público de un año. La defensa de González pide su absolución, mientras que la del voluntario, se muestra conforme con el relato de los hechos pero no con la pena solicitada, pues considera que «aportó datos decisivos para el esclarecimiento de los hechos» y además señala que va a aportar 270 euros para la reparación del daño causado, por lo que solicita que se le reconozca la atenuante muy cualificada de confesión y la muy cualificada de reparación del daño.

Mañana lunes tendrá lugar la elección del jurado popular (9.30 horas), tras la que comenzará la vista oral con la declaración de la acusada para continuar hasta el viernes, con la deliberación del veredicto, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.