El exalcalde de Astillero Carlos Cortina (PP), acusado de un presunto delito de prevaricación entre 2007 y 2010, ha asegurado que «nadie dijo» que una de las trabajadoras municipales había cobrado indebidamente en ese periodo hasta 2014 y, por tanto, no sabía que había una irregularidad.

La Audiencia de Cantabria juzga desde este miércoles al exalcalde por un presunto delito de prevaricación, por el que la Fiscalía pide diez años de inhabilitación, y a esta trabajadora municipal, para la que solicita un año de prisión y una multa de 160.000 euros por tráfico de influencias. La mujer está acusada de aprovechar su relación con el que fuera alcalde de Astillero para conseguir una ocupación laboral relacionada con el ayuntamiento que le reportó, según el ministerio fiscal, un total de 98.749 euros.

La fiscalía pide también que ambos indemnicen de manera conjunta y solidaria al Ayuntamiento con esa cantidad. Cortina ha declarado que la trabajadora fue contratada a mediados de 2006 a través de la Agencia de Desarrollo Local de Astillero, cuando él aún no era regidor, ya que llegó a la Alcaldía a finales de ese año. Ha reconocido que conocía el trabajo de la mujer y que supo que es hermana de la entonces responsable de recursos humanos y personal del Ayuntamiento en 2007.

Según Cortina, tras finalizar su periodo en la Agencia de Desarrollo y a propuesta del interventor municipal, esta mujer fue contratada por un periodo de seis meses, a través de un concurso público, para que llevase a cabo un análisis sobre el funcionamiento interno del Ayuntamiento de Astillero y poder conocer así «el contrato con el que contaba cada persona que trabajaba en el Consistorio, su horario y sus funciones». Ha explicado que aunque el contrato finalizaba en junio de 2007, su trabajo se alargó hasta junio de 2008, cuando presentó todos los informes que había realizado a la Comisión de Hacienda.

El exalcalde ha afirmado que «nadie se percató de que no tenía contrato» a pesar de que estaba ejerciendo como secretaria de la comisión negociadora y de valoración del organigrama sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que ella misma había realizado, y haciendo otras labores que implicaban «una dedicación más amplia y mucho más trabajo».

En enero de 2009, según ha explicado, ella misma se encargó de pedir presupuesto a diferentes empresas externas para que hicieran una valoración de todo el trabajo que había realizado hasta entonces y sobre la RPT de Astillero, consiguiendo cerrar un contrato de seis meses con la empresa Rodríguez Viñals. Durante ese periodo, esta trabajadora municipal, sin contrato y que continuaba girando facturas al Ayuntamiento, trabajaba junto con la empresa en la valoración, ha añadido.

Según Cortina, en abril de 2010 se comunicó la suspensión del contrato a la trabajadora y a otro empleado técnico después de que el interventor municipal considerase que la RPT de Astillero era «un tema enquistado y que no tiene interés sacarlo adelante» y que era «mejor congelarlo».

PROCESO DE SELECCIÓN PÚBLICO. Por su parte, la acusada ha asegurado en su declaración que no ha sido ni es afiliada al PP, partido al que pertenece Cortina, y que los contratos que ha mantenido con el Ayuntamiento de Astillero han sido a través de un proceso de selección público, «en todos y cada uno de ellos». La ex trabajadora ha dicho también que tuvo «algún encontronazo» con el secretario cuando, tras hacer la RPT de los 150 trabajadores que había en ese momento en el Ayuntamiento, se valoró su puesto de trabajo y se le congeló parte del sueldo.

«El Ayuntamiento tenía una organización informal cuando yo llegué y no había una jerarquía, lo tuve que organizar yo», ha subrayado. La sala ha acordado, a petición de la defensa, que el secretario municipal y los concejales citados en este juicio acudan como acusación popular y no particular al no encontrarse en una situación de perjudicados directos.

El Ayuntamiento de Astillero ejerce la acusación particular, en condición de perjudicado. El juicio continuará hoy, jueves, y mañana viernes con la declaración de once testigos y las conclusiones de las partes.