Brigadas de jóvenes, sin cobrar, trabajaban turnos de 12 horas durante 10 días seguidos a cambio de tener más papeletas para entrar en la universidad o en el gobernante Partido de los Trabajadores… todo muy social

Enclavada en la falda del sagrado monte Paektu, donde la hagiografía oficial sitúa el nacimiento de su difunto padre, el «Querido Líder» Kim Jong-il, la ciudad de Samjiyon fue demolida completamente y ha vuelto a ser reconstruida por deseo del joven dictador.

Definida por la agencia estatal de noticias KCNA como «lugar sagrado de la revolución» y «utopía urbana del socialismo», en Samjiyon se han construido «380 bloques de viviendas y usos industriales en cientos de hectáreas». Con edificios de entre 12 y 18 plantas, en ella vivirán más de 4.000 familias y cuenta con un hospital, un hotel, un estadio, una estación de esquí, un centro comercial y varias fábricas, por supuesto todas estatales.

Y como todo es muy utópico y muy social para construir la ciudad, Kim Jong Un ha movilizado al ejército y a brigadas de jóvenes que, sin cobrar, trabajaban turnos de 12 horas durante 10 días seguidos a cambio de tener más papeletas para entrar en la universidad o en el gobernante Partido de los Trabajadores. Para la propaganda norcoreana, una muestra más de la entrega de su pueblo a su líder; para las organizaciones de derechos humanos, una práctica semejante a la “esclavitud”.

COREA DEL NORTE, REPRESIÓN Y FRONTERAS

El agravamiento de la represión del régimen norcoreano preocupa sobremanera en Seúl tras su decisión de reabrir las fronteras, lo que permite la repatriación forzosa desde China de aquellos que han huido del país, según cuenta un investigador de un laboratorio de ideas vinculado al Gobierno surcoreano.  La pasada semana varias ONG denunciaron que Pekín había devuelto a unos 600 norcoreanos detenidos en territorio chino. Lo peor es que se calcula que otros 2.000 norcoreanos se encuentran arrestados en China para ser devueltos a su país, donde les aguardan, como poco, torturas y trabajos forzosos, recuerda a EFE Lee Kyu-chang, investigador especializado en derecho del Instituto Coreano para la Unificación Nacional (KINU), financiado por el Ministerio de Unificación.

La mayoría de norcoreanos huye de su país cruzando a China, desde donde muchos tratan de alcanzar un tercer Estado -principalmente Tailandia- para pedir asilo en embajadas y consulados surcoreanos (algo que no pueden hacer en suelo chino), una peligrosa tarea dado que Pekín, para evitar éxodos masivos, considera a estos norcoreanos «migrantes económicos» y los repatría cuando los detiene. «Es muy preocupante que China no respete (pese a ser firmante) la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con base en la cual estos norcoreanos no deberían ser repatriados a su país», incide Lee. Otro asunto preocupante, apunta, «es que en octubre de 2021 China aprobó una serie de medidas que fortalecieron los controles fronterizos y, por ejemplo, aprobaron el uso de armas contra norcoreanos tratando de cruzar los ríos que dividen ambos países», explica en referencia a la llamada Ley de Fronteras Terrestres.

La norma, que Pekín implementa desde enero de 2022, contempla responder con armas «si alguien que ha cruzado la frontera ilegalmente comete un delito, se niega a ser arrestado o comete otros actos de violencia». El cierre fronterizo y otras medidas tomadas durante la pandemia sirvieron al régimen para reforzar su control sobre la población, con leyes como la de denuncia pública, la del rechazo a la ideología y cultura reaccionarias, la de garantías para la educación de la juventud y la de la protección del habla de Pionyang (destinada a sancionar a los que imiten el habla surcoreana). «El objetivo de todas estas leyes es el de bloquear cualquier influencia extranjera. Si los norcoreanos ahora mismo quedan expuestos a ideas externas en casos extremos encaran hasta la ejecución», señala Lee. El investigador recuerda que, por ejemplo, la norma del rechazo a la ideología y cultura reaccionarias, de 2020, estipula la pena capital para aquellos que contribuyan a la distribución de contenidos escritos o audiovisuales extranjeros. «Tanto el Ministerio de Unificación como el de Justicia llevan tiempo recabando testimonios de norcoreanos que han huido del país, pero claro, para empezar muchos de ellos ni siquiera pueden identificar claramente por nombre, rango y demás a aquellos que cometieron esas atrocidades sobre ellos», explica.