El caso contra los antiguos responsables de la UGT de Andalucía (UGT-A) ha tomado un giro dramático con la revelación de que se usaron fondos públicos de la Junta de Andalucía, destinados a formación, para fines personales. Según el testimonio de un comandante de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el sindicato habría desviado más de 40 millones de euros para costear sobresueldos a sus cargos y financiar viajes al Caribe.

El agente se ha referido específicamente a viajes a Costa Rica y Dublín, financiados a través de Soralpe, una sociedad instrumental de UGT-A. Los fondos debían emplearse en formación para desempleados y trabajadores, pero en lugar de ello, se utilizaron para gastos personales de los cargos del sindicato.

En el banquillo, junto a Francisco Fernández Sevilla, ex secretario general de UGT-A, se encuentran otros cuatro exresponsables del sindicato y diez personas que actuaron como proveedores a través de empresas representadas. A pesar de la ausencia de Manuel Pastrana, exsecretario general, por enfermedad, el juicio continúa su curso.

La investigación, inicialmente relacionada con el caso ERE, destapó irregularidades en la asignación de fondos a UGT-A para labores de formación para el empleo. Durante las indagaciones, se descubrió que UGT-A tenía un "bote" financiero nutrido de diferencias o excedentes a su favor, procedentes de facturaciones de empresas proveedoras con las cuales contrataba servicios, utilizando las subvenciones recibidas de la Junta de Andalucía.

Según el agente, la base de la investigación fueron documentos intervenidos en la sede de UGT y otros registros, además de la contabilidad depositada por UGT-A en una Fiscalía y las declaraciones de personas vinculadas al sindicato, incluyendo a Roberto Alejandro Macías Chaves, un extrabajador condenado por filtrar información reservada del sindicato.

La Audiencia ha rechazado anular la reclamación civil contra UGT-A y ha considerado innecesaria la comparecencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el juicio. La defensa del sindicato había intentado que la Junta renunciase a la reclamación de los 40 millones y que Moreno testificara, basándose en un acuerdo alcanzado para el reintegro de las ayudas concedidas entre 2008 y 2018.

El fiscal ha acusado a UGT-A de "institucionalizar" el fraude y de "defraudar masivamente", mientras el sindicato afronta acusaciones de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil. Este caso sigue generando gran interés y preocupación por las implicaciones que tiene en la gestión de fondos públicos y la integridad del sistema de formación para el empleo en Andalucía.