El rancho del horror de México: más de 400 víctimas, hornos clandestinos y silencio oficial
El caso del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha sumido a México en una nueva ola de horror e indignación. Lo que comenzó como una denuncia más de desapariciones se ha convertido en uno de los hallazgos más perturbadores de los últimos años: un centro clandestino de reclutamiento, tortura y exterminio presuntamente operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde incluso se han documentado prácticas como el canibalismo y la experimentación con menores.
Ahora, las autoridades han anunciado la detención de José Gregorio, alias El Lastra, señalado como el principal responsable de captar jóvenes a través de redes sociales con falsas ofertas laborales. Prometía sueldos atractivos como guardias de seguridad, pero los trabajos no existían. Una vez que los jóvenes eran engañados y recogidos en estaciones de autobuses, eran trasladados al conocido como “rancho del terror”.
Una maquinaria de captación y muerte
Según ha explicado el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, El Lastra ya habría confesado su papel dentro del CJNG: identificar y reclutar jóvenes vulnerables para el cártel. La estancia de los captados comenzaba con un mes de aislamiento y entrenamiento físico, junto con formación en el uso de armas. Si se negaban a colaborar o intentaban huir, eran torturados o eliminados.
El lugar operaba como una escuela de sicarios, pero también como campo de exterminio para víctimas del cártel. En registros realizados por las fuerzas de seguridad se hallaron más de 400 pares de zapatos, mochilas, ropa, restos humanos, hornos crematorios clandestinos y zonas con indicios de violencia extrema. La cifra de víctimas es aún incierta.
Testimonios desgarradores
Uno de los jóvenes que logró escapar relató a medios locales que “llegaban con promesas de un buen trabajo, pero nada era como decían. Allí nos obligaban a entrenar como soldados y a ver cosas inhumanas”. Algunos sobrevivientes aseguraron que niños también fueron reclutados, y en ciertos casos utilizados para experimentos médicos a cargo de supuestos doctores del CJNG.
La representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, afirmó que podrían haber pasado por el lugar cientos de jóvenes, en su mayoría desaparecidos cuyas familias aún los buscan sin respuesta.
Una escena del crimen alterada
El escándalo no solo reside en lo que ocurrió en el rancho, sino en lo que ocurrió después. Según denunciaron colectivos de madres buscadoras, en días recientes todas las pruebas halladas en el Rancho Izaguirre desaparecieron misteriosamente. Mochilas, ropa, maletas, restos: nada quedó. El acceso al sitio habría sido alterado y se acusa a las autoridades de encubrimiento y de haber permitido la entrada de influencers pagados por el gobierno para “limpiar la imagen” del lugar antes del ingreso de las familias.
La indignación se agudizó cuando, en plena crisis, senadores del partido Morena abandonaron una sesión parlamentaria para evitar el quorum necesario que permitiera debatir la creación de una comisión investigadora. Mientras tanto, en medios oficiales se difundían mensajes que llegaban a minimizar la desaparición forzada, sugiriendo que algunas víctimas “querían desaparecer”.
Un patrón que se repite
El caso del Rancho Izaguirre no es aislado. Desde 2006, México ha registrado miles de fosas clandestinas y centros de exterminio ligados a distintos cárteles: San Fernando (Tamaulipas), Allende (Coahuila), Cadereyta (Nuevo León) o La Gallera (Tijuana) son solo algunos ejemplos. Entre 2018 y 2023, se localizaron 2.863 fosas clandestinas en el país.
Organizaciones civiles y colectivos de familiares estiman que hay más de 124.000 personas desaparecidas y más de 50.000 cuerpos sin identificar en México. La impunidad y la infiltración del crimen organizado en cuerpos de seguridad dificultan cualquier intento serio de justicia.
¿Y ahora qué?
La detención de El Lastra es un avance importante, pero no resuelve la dimensión del horror. Las familias exigen una investigación independiente, el resguardo de las pruebas y la intervención de observadores internacionales. El Rancho Izaguirre, convertido en símbolo del fracaso institucional y la brutalidad del crimen organizado, ha reabierto un debate que México no puede seguir postergando.
La presidenta Claudia Sheinbaum, tras días de silencio, calificó el descubrimiento como “terrible”. Pero las víctimas y los colectivos exigen mucho más que declaraciones: exigen justicia, verdad y garantías de no repetición. Porque, como han dicho repetidamente las madres buscadoras: “No buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos. Pero si hay culpables, no los vamos a dejar ir”.