Desaparecen todas las pruebas del campo de exterminio de Teuchitlán: el escándalo más grave de la historia reciente en México
El descubrimiento del campo de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ya era uno de los hallazgos más estremecedores del continente. Vinculado presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), este sitio evidenció prácticas de entrenamiento criminal, ejecuciones sistemáticas, cremación de cuerpos y acumulación de objetos personales —mochilas, zapatos, ropa— pertenecientes a víctimas desaparecidas. Sin embargo, lo que ocurrió el 20 de marzo de 2025 ha marcado un nuevo punto de quiebre: todas las pruebas desaparecieron.
Las madres buscadoras, quienes encabezaron los primeros trabajos de reconocimiento del sitio, denunciaron entre lágrimas que todo había sido removido: los restos óseos, las prendas, los hornos, los artículos personales, incluso la tierra removida que documentaba la presencia de víctimas. El rancho fue literalmente vaciado.
Esto ha generado una ola de indignación que crece hora tras hora. Porque el silencio institucional y las maniobras de ocultamiento no solo agravan la crisis de violencia y desapariciones, sino que atentan directamente contra la posibilidad de verdad y justicia.
Acusaciones de encubrimiento
Según múltiples denuncias públicas, el gobierno permitió la entrada de influencers al rancho antes que a las madres buscadoras. Estas personas, contratadas para limpiar la imagen del Estado, habrían accedido al lugar tras la supuesta limpieza de la escena. La zona fue “desinfectada” para borrar todo rastro del crimen masivo.
Mientras tanto, en el Senado, los legisladores del partido en el poder se retiraron de la sesión para impedir el quórum necesario que permitiría debatir la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso. La acción fue calificada por familiares y organizaciones civiles como un intento deliberado de encubrimiento institucional.
“Muchas personas desaparecidas querían desaparecer”
A este contexto de horror se suma otro hecho profundamente alarmante. En un programa de televisión pública, un mensaje transmitido insinuó que muchas personas desaparecidas “querían desaparecer”. Esta narrativa, lanzada desde un canal oficial, ha sido interpretada como una forma de revictimización, negacionismo y blanqueamiento de las desapariciones forzadas, que en México suman más de 124,000 casos documentados.
El caso Teuchitlán: ¿la nueva San Fernando?
El escándalo por la desaparición de pruebas en Teuchitlán remite inevitablemente a otros casos que marcaron la historia reciente de México: San Fernando (Tamaulipas), Allende (Coahuila), La Gallera (Tijuana), Ayotzinapa (Guerrero). Lugares donde el crimen organizado operó con total libertad y donde el Estado falló en todos los niveles: prevención, investigación, protección y reparación.
La diferencia con Teuchitlán, y lo que lo hace aún más grave, es que estamos siendo testigos en tiempo real no solo de un campo de exterminio, sino de su encubrimiento deliberado. Es decir, no es una tragedia descubierta años después; es un crimen que se pretende borrar con la complicidad de quienes deberían buscar justicia.
Un llamado urgente
El caso ha traspasado ya las fronteras nacionales. Organizaciones de derechos humanos exigen la intervención de organismos internacionales como la ONU y la CIDH. No solo para garantizar la protección de los colectivos de búsqueda, sino también para documentar lo que muchos califican como crímenes de lesa humanidad.
Lo ocurrido el 20 de marzo de 2025 en Teuchitlán no puede quedar impune. La desaparición de pruebas en un sitio de exterminio representa una afrenta directa a la justicia, a la memoria de las víctimas y a la dignidad de sus familias. Es un golpe a la democracia y al estado de derecho. No se trata solo de un crimen. Se trata de borrar la evidencia de todos los crímenes.