La amnistía chavista arranca con 379 liberaciones anunciadas
Mientras el Gobierno habla de apertura, familiares de presos y activistas denuncian que la medida no garantiza justicia ni reformas estructurales
El régimen de Nicolás Maduro ha anunciado la liberación de 379 presos políticos en un operativo de excarcelaciones que comenzaría entre la medianoche del viernes y la mañana del sábado. La medida se enmarca dentro de la recién aprobada Ley de Amnistía, un controvertido texto legislativo promovido por la Asamblea Nacional chavista que, según sus detractores, está diseñado a la medida del régimen y no garantiza una reconciliación nacional verdadera.
Una liberación masiva… con excepciones preocupantes
La noticia ha sido dada a conocer por el diputado Jorge Arreaza, acompañado por el fiscal general Tarek William Saab y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez. Los tres encabezan la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía, creada para garantizar su "aplicación inmediata".
«Estas personas deben ser excarceladas entre la noche de hoy y la mañana de mañana», afirmó Arreaza desde Caracas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han expresado serias preocupaciones. Entre los excluidos de la lista estarían los 185 presos militares, así como los detenidos por presuntas “acciones contra la soberanía nacional”, una categoría amplia que abarca desde opositores acusados de conspirar hasta ciudadanos apresados por participar en protestas o compartir contenido crítico en redes sociales.
Una excarcelación con fines políticos
La excarcelación de Carlos Andrés Salazar, detenido por grabar un vídeo del exministro Alex Saab —operador financiero de Maduro—, ilustra los cambios internos dentro del chavismo. Saab, ahora detenido en el Helicoide y enfrentado a los hermanos Rodríguez, fue clave en su captura, lo que evidencia las pugnas dentro del poder.
Algunos analistas interpretan estas liberaciones como parte de una reconfiguración interna del chavismo, más que como un genuino gesto de apertura democrática.
Las vigilias continúan en las cárceles más temidas del país
A pesar del anuncio oficial, familiares y activistas continúan concentrados en los alrededores de prisiones como el Helicoide, El Rodeo I y Zona 7, a la espera de la confirmación de nombres y de la materialización efectiva de las liberaciones. Algunas madres permanecen en huelga de hambre, exigiendo la salida de todos los prisioneros de conciencia.
En El Rodeo I, aún se encuentran detenidos dos ciudadanos hispanovenezolanos: el estudiante Fernando Noya y el empresario Uaiparu Guerere. No se ha confirmado si están incluidos en la primera tanda de liberaciones.
El alcance de la amnistía: limitado y condicionado
Aunque el régimen ha intentado vender esta medida como una “apertura histórica”, los expertos coinciden en que se trata de una amnistía selectiva, excluyente y construida bajo términos que refuerzan la impunidad de los represores y limitaciones jurídicas para los opositores.
«La amnistía es una cortina de humo. Si los presos están ahí por una orden política, no necesitan una ley para ser liberados. Bastaría otra orden», denunció Pedro Urruchurtu, canciller en la sombra de la oposición democrática.
El Foro Penal ha confirmado que al menos 448 presos políticos han sido excarcelados desde que comenzó el proceso, pero advierte que aún quedan cientos en prisión. Muchos de ellos están condenados por delitos fabricados o sin pruebas concluyentes.
¿Y los exiliados políticos?
La ley deja en una situación de absoluta indefensión a los exiliados políticos, que deberán nombrar representantes o abogados para defender sus casos desde el extranjero. Esto afecta directamente a figuras clave de la oposición venezolana, como María Corina Machado, Leopoldo López o Julio Borges, acusados formalmente por el régimen de promover acciones “subversivas”.
El trasfondo político de la medida
La excarcelación masiva llega en un contexto en el que el régimen de Maduro busca mejorar su imagen internacional, presionado por negociaciones con Estados Unidos y por el deterioro económico y social que sufre el país.
Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada, celebró la medida desde el Palacio de Miraflores, donde recibió el documento de la ley de manos de los diputados chavistas.
«Con esta ley se abre una nueva etapa para Venezuela. Necesitamos paz», declaró la mandataria, escoltada por Diosdado Cabello, artífice de la represión institucional desde 2024.
Sin embargo, organizaciones como el Laboratorio de Paz, encabezado por Rafael Uzcátegui, advierten: «Nos alegraremos por cada liberación, pero esta ley no garantiza justicia, ni impide que las detenciones arbitrarias se repitan. Es solo un maquillaje del autoritarismo».
La liberación de 379 presos políticos en Venezuela representa, en apariencia, un gesto de apertura. Pero la selectividad de la medida, el mantenimiento de causas abiertas contra líderes en el exilio y la ausencia de reformas estructurales en el sistema judicial indican que se trata más de una estrategia de control político que de una verdadera transición hacia la democracia.
Mientras tanto, las familias siguen esperando frente a las cárceles, y la sociedad civil continúa exigiendo justicia, libertad plena y garantías de no repetición.