MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

UNICEF España ha urgido, este jueves, ha la creación de un Mecanismo Nacional de Derivación que garantice una distribución de los menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, y lleve por tanto a una responsabilidad compartida por todas ellas.

Esta petición llega después de que Canarias haya denunciado la situación que, en este sentido, están viviendo en sus centros de acogida, que UNICEF España ha calificado de "colapso".

Para la entidad, la distribución de menores extranjeros no acompañados debe basarse, en primer lugar, en el interés superior del niño, y debe ser fruto de un proceso individualizado según cada caso. Pero, además, propone tener en cuenta factores demográficos o socioeconómicos (por ejemplo, la tasa de paro en una comunidad); o la existencia de recursos apropiados y estables de acogida inmediata.

UNICEF España quiere que, junto con este Mecanismo, se adopte también un Modelo de Gestión de Crisis Migratorias coordinado por un órgano de alto nivel político, o la creación de Unidades de Respuesta Rápida a la Infancia en emergencias migratorias, que serían equipos especializados para atender y proteger a la infancia).

"Si bien estas propuestas ya han sido estudiadas como parte del borrador de la Estrategia Estable de Atención Integral a la Infancia Migrante No Acompañada, presentado por la Dirección General de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en septiembre del año pasado, este está pendiente aún de aprobación", recuerdan desde la organización.

Su director ejecutivo José María Vera, ha llamado al Gobierno y a las fuerzas políticas a tratar este tema como "máxima prioridad" para que se aprueben estas medidas "con la mayor celeridad posible". "Ni Canarias, ni ninguna otra comunidad autónoma, puede afrontar en solitario una contingencia migratoria", ha advertido Vera.

Por otra parte, UNICEF España destaca que la situación de "colapso" en el sistema se está dejando ver también en la gestión administrativa. Según ha explicado, en la actualidad "hay pendientes 1.354 determinaciones de edad", lo que, según ha apuntado la entidad, supone que "hay cientos de niños cuyos procesos de integración no se han podido iniciar, ni se han podido tramitar sus permisos de residencia y/o trabajo".

En este sentido, insisten en que este "reto" no puede "asumirlo en solitario el Gobierno canario". "Es el Estado español en su conjunto el que responde a las obligaciones que emanan de la Convención sobre los Derechos del Niño, que protege a todos los niños y niñas por igual", ha señalado la organización.

"El esfuerzo que han realizado las autoridades canarias ha sido encomiable, pero un sistema saturado genera, inevitablemente, resultados limitados en términos de protección y bienestar de la infancia", ha apuntado Vera. "En estas condiciones, es imposible dar una respuesta individualizada, realizar una correcta atención psicosocial, ofrecer alternativas formativas para todos o garantizar que, al cumplir 18 años, un joven no se queda en la calle", ha añadido.

Desde la entidad cifran a los presuntos menores de edad que están siendo atendidos en este momento por el sistema de protección canario en 2.819, según la Dirección General de Infancia del Gobierno de Canarias. De ellos, según ha apuntado, solo 208 han sido trasladados a otras autonomías desde que comenzó la crisis.