MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo tiene en agenda para este martes tratar los recursos interpuestos tanto por el PP como por Vox en julio de 2020 contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Pero antes de votar y fallar al respecto deben decidir si ambas formaciones políticas están legitimadas a traer el asunto ante el TS.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press indican que este paso previo puede conllevar que ni siquiera se llegara a deliberar sobre el fondo de los recursos en caso de que no se le abra la puerta del Supremo por ilegitimidad.

Cabe recordar sin embargo que el alto tribunal mantuvo este asunto sobre la mesa tras inadmitir de plano la pretensión de la Abogacía del Estado para que los recursos fueran declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno.

Esa decisión fue adoptada en enero en el caso del recurso del PP, cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso rechazó archivar el procedimiento por el momento y aplazó la decisión sobre la legitimidad del PP en este asunto "al momento de dictar sentencia", algo que ocurrirá esta semana.

En sus alegaciones, la Abogacía del Estado señalaba que el Supremo ni siquiera debería entrar a resolver sobre el fondo de esta cuestión porque "la invocación de la libertad individual, el Estado de Derecho, el imperio de la Ley, la independencia de la Justicia y el sistema democrático, que invoca el partido político recurrente, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo".

Ante este argumento de los Servicios Jurídicos del Estado, sustentados en la propia jurisprudencia de la Sala, el PP respondió que debería tenerse en cuenta que la labor de Delgado es susceptible de afectarle "respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso" en los que los populares son parte.

Añadía que además, como primer partido de la oposición, que el PP debía ejercer control sobre los "actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional".

En la demanda que presentó en el verano de 2020, el PP solicitaba la anulación el real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía debido a que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez.

RECURSO DE VOX

El partido que lidera Santiago Abascal, por su parte, fundamentó su recurso en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado "no puede considerarse válido al no cumplir el trámite preceptivo que imponen el artículo 124.4 de la Constitución Española y el artículo 29.1 de la Ley 50/1981, 30 diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal", ya que "expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad".

Así, solicita la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, contenido en el artículo 124.2 de la Constitución, al considerar que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general.