CEUTA, 21 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha anulado por "falta de pruebas" la condena a 6 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público que la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta impuso en julio de 2022 al expresidente de la Autoridad Portuaria de la ciudad autónoma, José Torrado (PP), por un delito continuado de prevaricación administrativa en relación con la modificación del canon que debía pagar anualmente la empresa concesionaria de la explotación de las instalaciones de la dársena deportiva.

El Alto Tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado, al que la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta sentó en el banquillo procesado también por un supuesto delito de malversación de caudales públicos del que también ha sido absuelto.

La sentencia del Supremo considera que no se ha acreditado que Torrado, que dejó su cargo en mayo de 2018 para preparar su defensa, permitiese a la adjudicataria del servicio [Marina Hércules S.A.] subir sus tarifas por encima de lo establecido en los pliegos de la concesión primero y después pagar a la administración a cambio de no hacerlo 1,5 millones entre 2007 y 2012 menos de lo estipulado, más de 400.000 euros al año, actuando sin competencias o "con plena omisión de las exigencias procedimentales".

La sentencia de instancia apreció que las decisiones del expresidente de la Autoridad Portuaria supusieron "una disminución de los ingresos a los que la entidad pública tenía derecho" y una modificación de las condiciones de adjudicación, pero para el Supremo "estas circunstancias tampoco pueden fundamentar, de manera indubitada, que fuera la arbitrariedad la que inspiró la decisión del acusado en este supuesto".

Según el Supremo en el caso concurren diversas circunstancias que apuntan a que "la decisión adoptada por el recurrente pretendió una salida legal y viable al problema que se presentó tras el otorgamiento de la concesión y que el acusado no actuaba con una intención arbitraria y contraria a la gestión responsable del ente público que representaba y del servicio público que le correspondía".

Desde su punto de vista la modificación de la concesión no se impulsó a instancias del acusado y la entidad adjudicataria, sino "propiciada por las quejas de los usuarios del puerto deportivo de Ceuta que, precisamente como consecuencia de la concesión, se movilizaron contra el aumento de las tarifas impuestas por la concesionaria por los distintos servicios". Además, Torrado sometió todas sus decisiones al Consejo de Administración del puerto, que las validó.

"No se refleja que las decisiones del recurrente hayan comportado ningún beneficio para la entidad concesionaria y, consecuentemente, la situación probatoria se enfrenta a la inusual paradoja de que la acusación particular está ejercida por quienes aparecen como los únicos favorecidos por sus resoluciones, soportado el coste económico de sus decisiones las arcas de la entidad pública, cuya representación corresponde a un Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria que valida los pronunciamientos y cuya defensa corresponde a la Abogacía del Estado, que precisamente reclama la absolución del acusado", razona el veredicto.