La Sala de Gobieno recuerda a la ministra que hay necesidades materiales y personales que se arrastran desde hace años

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido este martes a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que adopte medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del alto tribunal ante la situación creada por la imposibilidad de efectuar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones y ante las necesidades "materiales y personales" que el órgano arrastra desde hace muchos años.

Así lo resaltan en una nota informativa emitida tras la reunión que han celebrado con el equipo del ministerio en la sede del Supremo. Según explican, le han transmitido a Llop que en octubre esa imposibilidad de realizar nombramientos --derivada de la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos-- provocará que el alto tribunal tenga un 20 por ciento de sus plazas vacantes.

Llop, a la salida de la reunión, y en declaraciones a los medios, ha explicado que durante la misma ha solicitado al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que redacte un informe en el que se disocie las peticiones relacionadas con "las competencias ordinarias del Ministerio de Justicia" y las que vienen derivadas de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

ELEVADA CARGA DE TRABAJO

En la reunión, los presidentes de Sala han solicitado el refuerzo del Gabinete Técnico y de las Secretarias de Sala y han planteado reformas legislativas para hacer frente a la elevada carga de trabajo recordando que actualmente cuentan con una plantila de magistrados un 14 por ciento inferior a lo legalmente previsto.

En la nota del Supremo añaden que esto hace que el funcionamiento del tribunal se vea gravemente mermado pese al nombramiento en abril de 2021 por el Ministerio de Justicia de doce letrados para reforzar el Gabinete Técnico con el fin de prestar apoyo en las tareas de admisión e inadmisión, incidentes de nulidad, quejas, etcétera, que supone el 90 por ciento del trabajo del Supremo.

Y matizan que ese refuerzo no se vio acompañado por el incremento de personal administrativo que asumiera la asistencia a esos letrados, estimándose necesario el nombramiento de un funcionario de tramitación por cada cuatro letrados de refuerzo. Además, recuerdan que el Ministerio de Justicia ha denegado recientemente la designación de otros cinco letrados solicitados por la Sala Primera para el Área Civil del Gabinete.

LAS PETICIONES DE LAS SALAS

En la reunión, las salas han planteado cada una sus peticiones. Así, la Civil ha explicado que contando con 10 magistrados y una vacante desde noviembre de 2020, se ha dado un incremento de la carga de trabajo que se ha agudizado tras la pandemia hasta alcanzar el 42,5 por ciento en el último año. Por eso interesan el nombramiento de los cinco letrados solicitados para prestar apoyo en la llamada "fase de decisión", la que transcurre entre la admisión de un recurso y el dictado de la sentencia.

La Sala de lo Penal, la única sin plazas vacantes, ha puesto sobre la mesa la carga de trabajo al alza durante los últimos cinco años, con un repunte de un 27 por ciento en 2021 respecto a la habida en los años 2019 y 2020. Destaca que el principal problema es la alta tasa de interinidad de la plantilla orgánica de funcionarios adscrita a la Sala, que alcanza el 59 por ciento, por lo que se solicitan medidas que motiven su permanencia e incentivos económicos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, al frente de la cual está César Tolosa, ha recordado que hay seis vacantes actualmente pero que se irán a ocho por la jubilación de dos magistrados, Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez. Considera necesario adoptar medidas ante la litigiosidad masiva que se prevé como consecuencia de los recursos que reclaman responsabilidad patrimonial del Estado derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia.

Así, se solicita la creación de una nueva Secretaría, con un Letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios para tramitar esos recursos; así como el incremento de la plantilla del Área Contencioso-Administrativa del Gabinete Técnico en 3 letrados.

Respecto a la Sala de lo Social, se ha recordado que hay tres vacantes y que pueden sumar dos más por jubilación en 2022, incluida la de la presidenta de la Sala, María Luisa Segoviano. Esto dejará la plantilla con solo 8 magistrados -de un total de 13-, lo que impediría la formación de las dos secciones que se constituyen para la deliberación y votación de los asuntos y tendría como consecuencia la drástica reducción del número de sentencias y el consiguiente incremento de la pendencia. Por eso, solicita cuatro nuevos letrados para el Área Social del Gabinete Técnico, así como dos funcionarios de apoyo.

En cuanto a la Sala de lo Militar, se ha apuntado que el 25% de las plazas está vacante (dos de ocho) y también experimenta un importante aumento de la entrada de asuntos que ha provocado el incremento de la cifra de asuntos pendientes en un 43,85 por ciento en los últimos dos años.

REFORMAS LEGISLATIVAS

Además de las peticiones de aumento de plantilla, la Sala de Gobierno ha planteado varias reformas legislativas como la de la casación civil para introducir un nuevo modelo que prevea un único recurso de casación que no dependa del tipo o cuantía del proceso, fortalezca el interés casacional de la interpretación de las normas y garantice la celeridad en los tiempos de respuesta simplificando la fase de admisión.

Otra reforma que proponen es la del recurso de casación penal para eliminar el trámite de alegaciones del que ahora disponen los recurrentes para responder a los escritos del Ministerio Fiscal y el resto de las partes personadas impugnando su recurso; ampliar la inadmisión por providencia a los recursos contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional; e introducir la posibilidad de plantear la insostenibilidad de la pretensión en casación.

Además, se quiere reformar la regulación del recurso de casación en lo Contencioso-Administrativo para proporcionar instrumentos y cauces procesales eficaces para atender la litigiosidad masiva, y se quiere instaurar la doble instancia penal militar.

LLOP PIDE INFORME A LESMES

En declaraciones a la prensa, recogidas por Europa Press a la salida de la reunión, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a Lesmes ese informe y ha defendido que desde el Ministerio están haciendo "un esfuerzo muy importante de carácter presupuestario para el Tribunal Supremo".

Según ha dicho, se trata de un paquete de unos 13 millones de euros en los que se incluye, entre otros, la renovación y la restauración de la rehabilitación del edificio de Génova, 29, y el incremento retributivo de los funcionarios del Alto Tribunal "para asimilar sus salarios a la media de los funcionarios de territorios con competencias transferidas".

"Es necesario que Tribunal nos indique, y así se lo he pedido al presidente Lesmes, cuáles son esas carencias, esas deficiencias que afectan, no solo presupuestariamente, sino también al funcionamiento normal del Alto Tribunal por la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces", ha señalado Llop tras insistir en que el bloqueo es responsabilidad a la formación liderada por Pablo Casado.

"Por eso apelo al PP a que salga de ese momento en el que está únicamente mirando por sus propios intereses, con esas situaciones de enfrentamientos internos, y que mire con sentido de Estado por la renovación del órgano de gobierno porque está generando un grave daño a la institución y al prestigio de España", ha añadido.