Niega que confeccionara facturas falsas como parte de la presunta estafa investigada en 'Titella'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El sobrino de José Luis Moreno ha asegurado en su declaración como imputado de este martes ante el juez que investiga la presunta estafa de la 'Operación Titella' que no emitió facturas falsas, defendiendo que Dreamlight, la productora destinada a rodar una serie sobre la vida de San Francisco Asís, pagó por servicios reales asociados a dicho rodaje.

Raúl Fernández Rodríguez ha comparecido ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, que investiga una presunta estafa en la que el productor audiovisual habría servido de cebo para captar financiación, principalmente de entidades bancarias, para supuestos proyectos con lo que, según cálculos de la Fiscalía, se habría causado un perjuicio económico de 85 millones de euros.

Uno de los negocios analizados por el magistrado de la Audiencia Nacional es la serie sobre la vida de San Francisco de Asís, detrás de la cual se encuentra Dreamlight, una sociedad que estaría administrada por Fernández Rodríguez y que forman compañías pertenecientes a Moreno, que se encargaba de aportar el trabajo, y al empresario argentino Alejandro Roemmers, que ponía el dinero --35 millones de euros-- y que dice que fue estafado por su socio.

Los investigadores sitúan a Fernández Rodríguez como una de las piezas de la presunta estafa a Roemmers, achacándole en concreto la confección de facturas falsas para defraudar a la Hacienda Pública por no declarar el IVA.

Sin embargo, el sobrino de Moreno ha ofrecido al juez una versión distinta. Según fuentes presentes en la declaración consultadas por Europa Press, ha manifestado que él no hacía facturas, sino que las recibía para pagar a los distintos proveedores y trabajadores implicados en el proyecto.

En concreto, ha mencionado dos gastos, uno por el alquiler de los estudios para rodar la serie --bautizada 'Glow and Darkness' ('Resplandor y Tinieblas')--, una renta que incluso ha precisado que se situaba por debajo del precio de mercado; y otro por alojar el material grabado en una plataforma 'online' que permite trabajar en la edición del mismo.

EL VISTO BUENO DE 'MARBELLA'

Fernández Rodríguez ha indicado que todas las facturas dirigidas a Dreamlight se recibían en una gestoría externa radicada en Marbella que era la encargada de revisarlas y autorizarlas. Solo entonces, ha sostenido, llegaban a sus manos para que diera la orden de pago.

Dos empleadas de las empresas de Moreno igualmente investigadas por la presunta confección de facturas falsas también apuntaron a 'Marbella'. Cristina Muñoz y Rosa Santamaría indicaron en su comparecencia judicial del pasado mes de octubre que toda la contabilidad de Dreamlight se llevaba desde esta gestoría externa, precisando además que fue contratada por la compañía Franciscus, propiedad de Roemmers.

El juez Moreno también había citado para hoy a Enrique Beltrán, a quien los investigadores identifican como un notario a sueldo de la trama --unos 10.000 euros mensuales-- que se ocuparía de los trámites necesarios para la constitución y adquisición de mercantiles y el nombramiento y cese de administradores. No obstante, se ha acogido a su derecho a guardar silencio. Asimismo, estaban citadas Carla López Téllez y María Rosa Velez, presuntas testaferros, pero no han acudido.

LA SEGUNDA ORGANIZACIÓN

Esta nueva ronda de declaraciones se inició el lunes con Sandra María Villegas, supuesta persona de confianza de Carlos Brambilla, el presunto líder de la red de narcotráfico que se habría valido de la maquinaria de 'Titella' para blanquear el dinero.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, a preguntas del juez, contó que conoció a Brambilla porque éste la contrató como empleada del hogar. Más adelante, habría ejercido como administrativa en su empresa, aunque descartó que conociera los negocios de su jefe.

Por otro lado, Emily Naily Reyes Gómez, la pareja sentimental de Antonio Aguilera y la presunta administradora de varias sociedades que serían gestionadas por éste, y Adriana Ruiz Hortelano, una de las personas de confianza del propio Aguilera, se acogieron a su derecho a no declarar ante el magistrado.

El último en pasar ante el juez este lunes fue el empresario madrileño José Luis Garrido Pariente, al que un oficio policial perfila como el encargado de la búsqueda y gestión de las sociedades que Brambilla utilizaba para llevar a cabo el blanqueo de capitales procedentes de su actividad.

Garrido explicó que, además de trabajar en el ocio nocturno, contaba con una asesoría y una empresa de reciclado de cobre. El acusado expuso que conoció a Brambilla este mismo año y que le ofreció un pacto para invertir en el cobre, pero su marcha a Ecuador por razones personales imposibilitó cualquier acuerdo.

José Luis Moreno es uno de los principales imputados en 'Titella', si bien hay decenas de imputados por investigación que comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de los demás sospechosos.