El proyecto, que deroga un decreto franquista, podría quedar definitivamente aprobado la próxima semana por el pleno del Senado

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado ha aprobado este martes el informe de ponencia del proyecto de Ley de Convivencia Universitaria, con los únicos votos en contra del PP y Vox y la abstención de Cs.

Durante la Comisión, se han debatido tres vetos al proyecto, presentados por Cs, Geroa Bai y PP, que han sido rechazados, así como un total de 106 enmiendas, presentadas por el PP (30 enmiendas), Vox (25), Geroa Bai (23), JxCat (21), Cs (6) y PNV (1), que se debatirán en el Pleno del Senado la semana que viene, junto al proyecto.

Así pues, la futura Ley de Convivencia Universitaria podría quedar definitivamente aprobada en una semana si no se incluyen modificaciones. De lo contrario, tendría que volver al Congreso. La norma deroga el Decreto franquista de 1954 de Disciplina Académica, que permanecía aún vigente para los estudiantes.

Dicha ley define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador.

La norma considera como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso sexual, castigando a los infractores con la expulsión de la universidad de entre dos meses y tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso o semestre.

Se consideran faltas graves acciones como apoderarse indebidamente del contenido de exámenes; deteriorar gravemente los bienes del patrimonio de la universidad; acceder sin autorización a los sistemas informáticos de la universidad; o impedir la celebración de actividades universitarias, entre otros. La sanción en estos casos va desde la expulsión de un máximo de un mes de la universidad, a la pérdida de derechos de matrícula o pérdida del derecho a la convocatoria ordinaria durante un curso o semestre.

Y se consideran faltas leves acciones como acceder indebidamente a instalaciones universitarias o realizar actos que deterioren de forma no grave los bienes del patrimonio de la universidad. En estos casos, la sanción consistirá en una amonestación privada.

SIN CAMBIOS

El informe de ponencia que se ha votado hoy no incorpora ninguna modificación respecto a lo acordado en el Congreso. Pero fue en esta Cámara donde el proyecto original redactado por el Ministerio de Universidades sufrió importantes modificaciones.

Entre los cambios introducidos (por los acuerdos entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC), se suprimió el carácter básico y estatal de la ley con el objetivo de garantizar la autonomía universitaria, una modificación que suscitó el rechazo de la comunidad universitaria y de la oposición. Este acuerdo entre las tres formaciones también permitió que se garantizase, por parte de las universidades, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga.

La senadora socialista Carmen Torralba ha defendido la aprobación del proyecto porque supone la derogación del decreto franquista de 1954, aún vigente para los estudiantes, que contiene algunos artículos cuya constitucionalidad es "discutible". Por su parte, su compañera de partido, María Fernández, ha defendido los cambios introducidos en el Congreso fruto de los acuerdos entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC: "El texto que nace de ese consenso es un texto mejorado, en el marco de esa negociación y acuerdo alcanzando con diferentes grupos".

Adelina Escandell (ERC) ha intervenido en la misma línea, asegurando que para su formación era una prioridad que se respetara la autonomía universitaria y, al mismo tiempo, la competencia que tiene Cataluña en este tema. "A partir de aquí, negociación, acuerdos... no es nada raro, es a lo que nos dedicamos los políticos", ha defendido, para echar en cara a la oposición que no abogue por "una salida negociada a los problemas", sino por la "fuerza y la imposición". "Nosotros tenemos clarísimo que cuando hay una dificultad, la única salida que podemos presentar es el diálogo", ha añadido.

CRÍTICAS A LOS ACUERDOS PREVIOS ENTRE GOBIERNO Y ERC

Partidos como el PP, Cs y Vox han mostrado su rechazo al texto. El senador 'popular' Juan María Vázquez ha criticado que la ley es "resultado de un pacto entre partidos políticos" y, por tanto, hace "inamovible el texto". Además, considera que la ley se podría haber integrado dentro de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), todavía en fase de anteproyecto.

En la misma línea se ha manifestado su compañera de partido, Esther del Brío, que se ha quejado de que el Senado se haya convertido en una "casa de apuestas" donde se viene a "subastar", criticando que esta ley se tramitó en plena tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), introduciéndose así "cambios importantes de última hora" en el Congreso por los acuerdos entre los partidos de Gobierno y partidos independentistas.

También Cs se ha sumado a dichas críticas, denunciando "la falta de diálogo" entre los partidos de Gobierno y su "actitud caciquil y ninguneo" hacia los senadores. "Nada tiene que ver este proyecto con el que se planteó inicialmente; seguimos con el mismo 'modus operandi' de hacer el traje a medida para aquellos partidos que quieren imponer sus ideas radicales sin respetar las de nadie", ha rechazado.

Y ha terminado su intervención advirtiendo de que "en Cataluña se politizan las universidades con el beneplácito del Ministerio de Universidades" y de que "en los centros educativos se persigue, señala y usa la violencia contra estudiantes y profesores que no esconden su rechazo al nacionalismo".

También Vox se ha referido a la misma cuestión, criticando la inmovilidad en los textos por los acuerdos previos entre el PSOE, Unidas Podemos y ERC. Su senador, José Manuel Marín, se ha preguntado para qué están los senadores y ha acusado a estas formaciones de "devaluar" el Senado.

En su opinión, la futura Ley de Convivencia Universitaria "no aporta nada", es más, considera que da cabida al "adoctrinamiento" y "propaganda ideológica" de la izquierda, por lo que ha avisado del "peligro" en que están "la libertad de cátedra, de expresión y de pensamiento" ante una ley que lo que hace es "facilitar la impunidad" a los independentistas cuando "atacan" a los 'constitucionalistas' en las universidades catalanas.

Por otro lado, Assumpció Castellví, de JxCat, también ha lamentado que no se hayan aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por su grupo, criticando en este punto la "rapidez" en la tramitación de las leyes en el Senado, cámara a la que llegan los textos ya "pactados", con la imposibilidad así de "mover ni una coma".