MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor de 'Tándem', Manuel García-Castellón, que tome declaración como testigo a la jefa de Auditoría Interna de Caixabank, María Luisa Retamosa, después de que otro testigo asegurase que tomó la iniciativa de elaborar un informe sobre la contratación de CENYT, el grupo empresarial del comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En un auto de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados de la Sección Tercera estiman los recursos presentados por la Fiscalía Anticorrupción, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero y Podemos contra el auto de julio del pasado año por el que el magistrado denegó su testifical.

La Sala considera pertinente que el juez escuche a Retamosa y asegura que lo hasta ahora actuado aporta indicios de que la contratación de CENYT pudo tener por objeto la realización de servicios en cuya prestación pudieron intervenir funcionarios públicos en servicio activo y que pudieron conllevar el acceso a datos reservados de diversas personas.

En este contexto, los magistrados consideran que, dada su posición, es "altamente probable" que Retamosa "supervisase los trabajos de realización del informe y sus resultados".

"No hay duda, además, de que participó en la realización de una entrevista, confeccionando un resumen de ella que se incorporó al informe, al director general de Medios de CaixaBank, el investigado señor Massanell, sobre su intervención en la orden de contratar a CENYT, más concretamente en el encargo de hacerlo, sumándose a la iniciativa adoptada por Repsol, realizado al investigado Fernández Rancaño, entonces director del Área de Seguridad de CaixaBank, y también sobre las personas a las que, dentro de esta última entidad, se daba cuenta de los resultados", recoge el auto.

SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES EN CAIXABANK

Así las cosas, los magistrados consideran que su testifical puede contribuir al esclarecimiento de las discrepancias que se mantiene entre sendos investigados: Fernández Rancaño y Massanell.

En esta línea, la Sala añade que también puede servir para determinar la responsabilidad de la persona jurídica y aportar elementos indicativos de la efectividad de los controles establecidos por CaixaBank para la prevención de los delitos que se investigan en esta pieza.

Todo ello en el marco de la pieza separada 21 de la macrocausa 'Tándem', en la que el magistrado investiga la contratación en 2011 por parte de ambas mercantiles a CENYT con el presunto objetivo de que espiara a Del Rivero para impedir que se hiciera con el control de Repsol --de la que CaixaBank es uno de los principales accionistas-- a través de su alianza con la empresa mexicana Pemex.

Por último, el auto recuerda que el pasado lunes se revocaron los sobreseimientos acordados para Repsol y CaixaBank, así como para el presidente de la primera, Antonio Brufau, y el ex presidente de la segunda, Isidro Fainé, por lo que desapareció el obstáculo que dichos sobreseimientos representaban para la práctica de la diligencia interesada.

Fueron los mismos magistrados de la Sección Tercera los que corrigieron al juez y aseguraron que la investigación practicada hasta la fecha revela la existencia de indicios de conductas delictivas calificables como cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

En concreto, el encargo elaborado por CENYT, el grupo de Villarejo, se habría llevado a cabo "a cambio de un precio que fue abonado por las empresas comitentes" y "que incluyeron el acceso a datos sobre el tráfico de llamadas telefónicas y otras comunicaciones".