PALMA, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSIB, Cosme Bonet, ha rechazado este viernes comentar el informe de la Policía Judicial de la Guardia Civil que relaciona a la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, con el caso de corrupción en la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

La existencia del informe ha sido publicada este viernes en exclusiva por el diario 'El Mundo'. "No tenemos más información que la que publica este periódico, por lo que no tenemos elementos para valorar", ha declarado Bonet, preguntado por este asunto durante una rueda de prensa en la sede del partido.

Según la información publicada por 'El Mundo', los investigadores creen que Armengol se reunió con el entonces presidente de la APB, Joan Gual de Torrella, justo antes de su detención, para hablar de los amaños que se investigan en la causa.

PRESUNTO CASO DE CORRUPCIÓN EN LA APB

Gual de Torrella fue detenido el 24 de julio de 2020 junto a otros cuatro directivos de la APB por la Guardia Civil en un operativo Anticorrupción, y fue puesto en libertad provisional horas después. Fue cesado como presidente a consecuencia de esta investigación y le sustituyó en el cargo el expresidente del Govern Francesc Antich.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, Martina Mora, levantó recientemente el secreto de parte de la causa de corrupción que afecta a la Autoridad Portuaria de Baleares (APB): en concreto, la pieza identificada como 'Mahón-ASMEN', que afecta al presunto amaño del concurso de gestión de amarres en el puerto de Mahón, en Menorca.

Esta pieza se incoó a raíz de una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. El auto de la juez cifraba en unos 300.000 euros el perjuicio económico para la administración portuaria por el supuesto amaño en este concurso, que se llevó a cabo el año 2017.

El auto apunta como implicados al expresidente de la APB así como al exdirector, Juan Carlos Plaza; la jefa de la Abogacía del Estado en Baleares, Dolores Ripoll; el jefe del área de gestión de la APB en la época investigada; el jefe de explotación; y un técnico de la APB en Menorca.

También se señala a empresas de la sociedad adjudicataria del concurso, Marina Asmen, a varios responsables de las mismas como investigados, y al expresidente de una patronal náutica de Menorca.

La juez apreciaba en el auto indicios sólidos para entender que la adjudicación a favor de Marina Asmen se había acordado con algunas autoridades políticas de Menorca y los empresarios investigados. Los investigadores creen que desde la APB se diseñó el concurso 'ad hoc' para Asmen y que se les transmitió con antelación abundante información de interés para la licitación, que no estaba al alcance de otras empresas competidoras, determinando así el resultado.

Además, señala a la abogada del Estado Dolores Ripoll, como asesora jurídica del Consejo, por haber emitido informes a favor de la adjudicación, presuntamente a sabiendas de las irregularidades que concurrían.

El auto destaca que la sociedad adjudicataria se constituyó en septiembre de 2017 exclusivamente para concurrir a este concurso, y que la cantidad ofertada en concepto de tasas por la ganadora era notablemente inferior a la de otros competidores.

Las diligencias también apuntan a que Asmen obtuvo importantes ingresos por conceptos que no estaban amparados por los pliegos, y que de hecho eran contrarios a las condiciones establecidas, pero que la APB no hizo nada para solventarlo a pesar de tener conocimiento de ello.