La pandemia baja la histórica pendencia de esta sede judicial por la reducción de asuntos y el uso de medios telemáticos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha planteado este jueves que las okupaciones se diriman en juicios rápidos para agilizar el proceso penal y la protección a los perjudicados.

El magistrado ha lanzado esta propuesta durante la presentación de la Memoria Anual de esta sede judicial correspondiente al año 2020, un año en el que la actividad judicial se vio afectada por la pandemia del Covid-19 debido al parón en el funcionamiento de los tribunales.

La crisis sanitaria ha favorecido romper el estereotipo de lentitud de la Justicia, bajando la pendencia histórica de esta sede judicial por la reducción de asuntos y el uso de medios telemáticos.

Juan Carlos González ha adelantado una de las propuestas que planteará ante la Comisión Provincial de Policía Judicial en relación a las okupaciones para que los delitos de usurpación se diriman en juicios rápidos para agilizar los procedimientos penales. Se trata de delitos leves, salvo cuando la vivienda okupada es la habitual.

También se ha referido al fenómeno de los macrobotellones y a los delitos asociados a las aglomeraciones como robos con violencia, hurtos o incluso agresiones sexuales. "La Policía tiene que detener y si son menores ponerles a disposición de la Fiscalía de Menores. Pero no creo que sean necesarias modificaciones legislativas al no requerir un tratamiento penal específico", ha subrayado.

Así, el jurista ha señalado que la tendencia del legislativo es despenalizar, indicando que no se puede saturar el funcionamiento del sistema judicial con este tipo de infracciones.

Por otro lado, el magistrado ha llamado la atención en el aumento de los delitos sexuales (abusos sexuales, agresiones sexuales, pornografía infantil, entre otros ilícitos penales), "una percepción compartida por magistrados de toda España".

MEJORA LA PENDENCIA

En cuanto a la Memoria, el magistrado ha destacado que la crisis sanitaria ha favorecido que se rompa el estereotipo de lentitud y baje la tradicional pendencia, que suponen los asuntos que quedan sin resolver por la sobracarga tradicional de esta sede judicial. En concreto, la denominada pendencia de la Audiencia de Madrid ha descendido una media de un 17%.

De cara al futuro y teniendo cuenta que esta bajada es coyuntural, Juan Pablo González ha solicitado reformas procesales para simplificar la tramitación de los procedimientos para evitar litigiosidad artificial.

También ha apostado por una regulación del teletrabajo adaptada al ámbito judicial, especialmente para los magistrados de las secciones civiles dado que en lo penal es más complicado por la celebración de juicios.

En cuanto a las cifras, la jurisdicción civil ha tenido un incremento en el número de asuntos pendientes del 29,6% respecto del año 2019 y las secciones civiles han experimentado un descenso del 16,8%, superior al 13,6% que refleja la evolución a nivel nacional.

En 2020 las secciones civiles generalistas han recibido 9.694 asuntos y han resuelto 10.001 asuntos, también con un ligero descenso sobre los 10.619 asuntos del ejercicio anterior.

Debido a la disminución del ingreso de recursos y a la disminución de resoluciones la pendencia global de esta clase de órganos judiciales ha aumentado ligeramente, con 4.450 recursos pendientes, lo que supone un 4,68% respecto a la pendencia del año 2019. La pendencia media acumulada de estas secciones es de 382 apelaciones por sección, muy inferior a la media nacional fijada en 803,9 asuntos.

Las secciones 22ª y 24ª, especializadas en familia, han registrado menos asuntos, pasando de 4.152 en 2019 a 3.219 en 2020, lo que supone un descenso del 22,47 %. En cuanto a la sección 28ª, especializada en asuntos mercantiles, se va a poner en marcha en los próximos meses un plan de urgencia consistente en el nombramiento de cuatro comisiones de servicios sin relevación de funciones.

Según el presidente, el esfuerzo de las secciones civiles generalistas es muy elevado, con un tiempo de respuesta media que se ha situado en 5,4 meses, frente a los 4,87 meses del ejercicio anterior. Estos datos deben ser valorados de manera muy positiva.

Por todo ello, ha destacado que resulta necesaria una ampliación de las secciones civiles con trece magistrados, nueve en las secciones generales, dos en familia y dos en mercantil.

CAÍDA DE ASUNTOS EN LAS SECCIONES PENALES

Las secciones penales han pasado de registrar 32.256 asuntos a 26.632, lo que representa un descenso anual del 17,5%. El número de asuntos ha sido de 3.820 frente a los 4.299 de finales del ejercicio anterior. En las secciones penales, el tiempo medio de respuesta se sitúa en 1,98 meses (inferior a los 2,10 meses de la media nacional).

En las secciones 26ª y 27ª, especializadas en violencia contra la mujer, se advierte un ligero descenso del número de asuntos ingresados pasando de 6.119 a finales de 2019 a 5.235, lo que ha provocado un descenso del número de asuntos pendientes en la sección 26ª de un 17,53 % y el mantenimiento de la pendencia de la sección 27ª (ligero aumento en un 1,98 %).

Todos los magistrados de las secciones penales asumen una carga de trabajo muy superior a la que sería deseable, razón por lo que una vez más se estima que todas las secciones deberían contar con seis magistrados.

Con este refuerzo de la plantilla se pasaría de los 352 asuntos anuales por magistrado (computando todas las secciones) a una cifra aproximada de 302 asuntos anuales.

De este modo, ha solicitado nueve magistrados en las secciones civiles generales, dos magistrados en la sección mercantil, y tres magistrados en las secciones de familia, y trece magistrados en las secciones penales.

En 2020, se registraron 32.256 asuntos penales en la Audiencia madrileña, un 17,5% menos que el año anterior. Cada magistrado de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial tramita 352 asuntos al año.

NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

Por otro lado, ha destacado por su especial trascendencia el desarrollo las nuevas herramientas informáticas que llevan implementándose desde 2016 conforme a las previsiones de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Al respecto, ha dicho que es necesario dar un nuevo impulso a la definitiva implantación del expediente judicial electrónico para que la nueva herramienta se desarrolle de forma eficaz y sin incidentes.