MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados con las que pretende saber, entre otras cuestiones, si el Gobierno tiene intención de solicitar la actuación de la Fiscalía General del Estado para que defienda "el interés general" en el caso de los avales públicos creados por la Generalitat para evitar que el Tribunal de Cuentas embargue a cargos independentistas.

Después de que el abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas elevara consulta a la Abogacía del Estado sobre este procedimiento, los 'populares' piden ahora conocer si también la Fiscalía actuará en este caso.

Los de Pablo Casado, además, piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que aclare si va a "impugnar" el fondo de 10 millones de euros la Generalitat de Cataluña para cubrir estos avales. A su juicio, este decreto ley catalán es "a todas luces carente de sustento legal" y tiene como destino "salvaguardar ilegalmente, de nuevo con coste a cargo del erario público, las responsabilidades contables provenientes de actividades ilegales realizadas desde el propio Gobierno autonómico".

"OTRA MALVERSACIÓN"

En la exposición de motivos del escrito recogido por Europa Press, el PP recuerda que la Generalitat catalana aprobó este fondo después de que el Tribunal de Cuentas exigiera a 34 líderes del 'procés' una fianza de 5,4 millones de euros por "haber utilizado fondos del erario público para actividades dirigidas a quebrar la ley".

Según los 'populares', este fondo de la Generalitat es "otra malversación de las cuentas públicas": "Empero, al no encontrar ninguna entidad financiera dispuesta a asumir la cantidad prevista en el fondo del Gobierno autonómico ha recurrido al Instituto Catalán de Finanzas, un organismo público del que han dimitido tres consejeros en las últimas semanas, ya que no quieren verse envueltos en una maniobra política sectaria que desborda cualquier espacio normativo y se sitúa claramente en un escenario prevaricador".

Por último, el PP pide saber la opinión de la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la legalidad de que el Instituto Catalán de Finanzas avale la responsabilidad contable de estos líderes del 'procés'.