Santander, 18 feb (EFE).- El PP ha acusado este viernes al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, de "mirar para otro lado" y dejar pasar la legislatura sin solucionar el problema de las más de 500 familias de Cantabria cuyas viviendas están afectadas por sentencias de derribo.

Su portavoz, Íñigo Fernández, ha criticado, en rueda de prensa, la "indolencia" del consejero, quien a su juicio "no tiene más objetivo que el tiempo vaya pasando y la bomba no le estalle entre las manos".

El grupo popular interpelará este lunes en el pleno del Parlamento al titular de Urbanismo, al que pedirá explicaciones sobre el incumplimiento de las resoluciones que se han aprobado en la Cámara regional y le exigirá que "haga algo" en el año que queda de legislatura.

Según Fernández, el PP comparte "el enfado" de los afectados, representados por la asociación AMA, que ha roto relaciones con el consejero llevada por la "indolencia que exhibe".

El portavoz popular ha subrayado que hay más de 500 familias que llevan 20 años padeciendo "una penitencia" solo porque compraron una vivienda de buena fe, y que no estaban ni en los ayuntamientos ni en la comisión de urbanismo cuando se concedieron licencias ilegales y se tramitaron procedimientos de forma incorrecta.

Pero el problema de los derribos, ha enfatizado, no solo afecta a esas familias, sino a todos los cántabros, porque cumplir todas las sentencias de derribo sin valorar la posibilidad de salvar algunas de ellas adaptándolas a la legalidad, tendría un coste de más de cien millones de euros que "las arcas regionales no se pueden permitir".

Íñigo Fernández ha recordado que Piélagos y Argoños son ahora mismo los puntos más conflictivos, con casi 400 viviendas sentenciadas en total, de las que una parte se podría mantener sin eludir el cumplimiento de las sentencias, ha incidido.

"Pero lo desesperante es que la tramitación de los planes no concluye nunca, nunca terminan de aprobarse", ha añadido.

El dirigente popular ha acusado a Gochicoa de incumplir su palabra en el caso de Argoños, después de que anunciar a final del año pasado que el nuevo plan general se iba a aprobar en la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo "en enero o en febrero".

El retraso se debe a que ahora se exige al ayuntamiento un expediente relativo a la protección de ciertos edificios del municipio que, según Fernández, no entran en colisión con las viviendas afectadas y que se podría haber tramitado de forma paralela a otros expedientes.

En el caso de Piélagos, un municipio extenso y muy complejo desde el punto de vista del urbanismo, ni siquiera está aprobado de forma provisional el plan general.

El portavoz del PP ha señalado que esa aprobación depende del Ayuntamiento pero se ha preguntado si el Gobierno de Cantabria está haciendo algo para ayudar a Piélagos a sacarlo adelante.

SIN COMENTARIOS SOBRE EL PP

Preguntado por la crisis interna que está viviendo su partido, el portavoz del PP de Cantabria ha declinado hacer comentarios por respeto, ha dicho, al Parlamento, donde ha comparecido, y a los afectados por las sentencias de derribo. EFE

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