MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado este jueves la ejecución en Bielorrusia de Victor Pavlov, un hombre acusado de asesinato y cuyo caso seguía pendiente de ser analizado.

Pavlov se ha convertido así en la decimoquinta persona en ser ejecutada desde 2010 mientras su caso era analizado por el comité de la ONU. Por ello, la entidad ha pedido al Gobierno bielorruso que detenga este tipo de ejecuciones mientras "expertos independientes examinan los casos".

En un comunicado, el comité ha recordado que fue detenido el 3 de enero de 2019 y que, ese mismo día, firmó su confesión sin que hubiera un abogado presente. Fue puesto bajo custodia de forma inmediata y no fue llevado ante el juez hasta pasados cinco meses.

En julio de 2019 fue condenado a muerte, una sentencia que recurrió ante el Supremo, que respaldó el fallo del tribunal de menor instancia. Por ello, se dirigió al Comité de Derechos Humanos de la ONU y aseguró haber sufrido tortura y abusos durante su detención.

"En casos similares, el Comité ha llegado a la conclusión de que la ejecución constituye una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En los casos de pena de muerte, el hecho de que un Estado no proporcione a los familiares información sobre la fecha de ejecución de una persona y el lugar de enterramiento del cuerpo deja a las familias en un estado de incertidumbre y angustia mental, lo que constituye una violación del pacto", ha dicho Arif Bulkan, vicepresidente del Comité de Derechos Humanos.

Así, la ONU ha acusado al Minsk de violar dicho pacto, en el que los Estados parte están obligados a cooperar con el Comité de buena fe. El procedimiento de medidas provisionales en virtud del Protocolo Facultativo del pacto tiene por objeto impedir que un Estado parte adopte cualquier medida que tenga consecuencias irreparables. Bielorrusia se adhirió al Protocolo Facultativo en 1992.

Bielorrusia sigue siendo el último país de Europa y Asia Central que aplica la pena de muerte. En su último informe sobre Bielorrusia publicado en noviembre de 2018, el Comité de Derechos Humanos señaló que Bielorrusia "debería considerar establecer una moratoria a las ejecuciones como paso inicial hacia la abolición legal de la pena de muerte y la ratificación de la Segunda Ley Facultativa" del protocolo.